Nueve comunidades, la ciudad autónoma de Ceuta, y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA impulsaron ayer una iniciativa común para reclamar al Gobierno que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Madrid, Murcia, País Vasco y Ceuta, gobernadas por hasta cinco grupos políticos distintos, acordaron junto a las opas en una cumbre online la publicación de una carta abierta a toda la ciudadanía de apoyo a la gestión del lobo ibérico desde el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia. Así, piden que una vez suspendido el proceso de cambio de estatus legal del lobo, se abra un proceso de diálogo y consenso por parte de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió la unidad entre comunidades y organizaciones agrarias ante una medida «tan importante, de tanta trascendencia», que en su opinión no puede llegar por la vía de la imposición, sino del diálogo. «No estamos en un frente político, no estamos en un frente contra ningún gobierno o ninguna ministra», dijo que mantienen fluido contacto para la gestión de los fondos de transición ecológica. El responsable autonómico aseguró que el cambio sobre el lobo se inició «mal», por hacerlo «sin consenso» con las comunidades y el sector ganadero. Desde octubre, aseguró que han intentado que imperase el diálogo y lamentó que solo lograron que hace dos semanas se celebrara una reunión, que a su juicio evidenció que la decisión ya estaba tomada. 

El titular de Medio Ambiente defendió que el lobo está «perfectamente conservado» en Castilla y León, donde destacó que gracias al plan de gestión de la Junta, su población ha crecido en los últimos decenios y añadió que existe una «complicada» coexistencia con el medio rural. 

Respaldo del sector

UPA, COAG y Asaja calificaron como «muy positivo» el encuentro, al tiempo que señalaron «la importancia de la unidad del sector y las administraciones regionales» para defender la imprescindible labor de la ganadería extensiva para el desarrollo económico y social del medio rural, la gestión del territorio y el mantenimiento de la biodiversidad. Explicaron que la inclusión del lobo en el listado de protección especial supone, en la práctica, dejar de gestionar y controlar al lobo al norte del Duero. «Un depredador que causa pérdidas constatadas de más de seis millones al año a los ganaderos en España y devora más de 10.500 cabezas de ganado, fundamentalmente en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid», indicaron.

La carta abierta entiende la diversidad de «situaciones» de especies como el lobo ibérico, no como un problema sino como una «oportunidad» para una gestión adaptada a las singularidades locales y basada en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Finalmente, hacen un llamamiento al Ministerio para que vuelva al «conseno y diálogo» y renuncie a continuar con la tramitación de la inclusión del lobo en el LESPRE. «No puede escudarse en dictámenes no vinculantes, ignorando el origen del procedimiento», concluye.