El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado una demanda contra la familia Franco en los juzgados da Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás. Así lo ha han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia, quienes han concretado que la querella ha sido presentada este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña para reclamar la devolución de esta propiedad para el patrimonio público. La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil.
El anuncio se da a conocer después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya asegurado hoy que el Ejecutivo iba a exigir a la familia Franco la devolución al Estado del pazo de Meirás por considerar que "actuaron contra derecho".
En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Sánchez se ha referido así a la demanda presentada por el Gobierno en los juzgados de La Coruña para la devolución del pazo de Meirás por entender que su venta a Francisco Franco fue "fraudulenta" porque se produjo tres años después de la primera compra por cuestación popular forzosa.
Los abogados del Estado basan la demanda en un acta notarial de 1938 desconocida hasta ahora que confirma que la propiedad ya era residencia de la Jefatura del Estado.
El documento señala que el Pazo de Meirás fue comprado el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro Pazo por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán.
El dinero fue adelantado por el Banco Pastor, al que se devolvió con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de los ayuntamientos de la provincia.
Tres años después, el 24 de mayo de 1941, se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora.
Según los abogados del Estado, este contrato sirvió para crear "artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas", una cantidad que los letrados califican de "irrisoria".
La demanda, que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia 1 de La Coruña, se presenta contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con la mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia.
El Gobierno reivindica la rectificación del Registro de la Propiedad y la nulidad del título de donación en 1938, la "compraventa fraudulenta" de 1941 y la escritura de partición de la herencia de Carmen Franco.
Partidarios y detractores
La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña se ha congratulado "por fin" de esta decisión al considerar que se trata de una "posesión irregular" de la familia Franco. Además, espera que la recuperación del pazo de Meirás por parte del Gobierno sea el primer paso para terminar con el expolio que "la familia del dictador" llevó a cabo y que se recupere el resto de ese patrimonio.
La asociación ha argumentado que un informe jurídico-histórico elaborado por expertos para la Diputación de A Coruña y otro informe realizado a instancias del Parlamento de Galicia "desmontan" la teoría de los Franco de que el pazo fue una donación del pueblo gallego al dictador.
El pasado junio, los cuatro grupos que conforman el Parlamento gallego volvieron a pedir al Gobierno central la recuperación de la titularidad pública del Pazo de Meirás y anular los títulos nobiliarios de Ducado de Franco y Señorío de Meirás. Esta petición se produjo un año después de que la Cámara legislativa gallega aprobase también por unanimidad la reclamación al Gobierno de iniciar la demanda civil contra la familia Franco para recuperar el pazo.
Por su parte, el abogado de los nietos de Francisco Franco ha asegurado que la demanda se enmarca en la "estrategia de acoso y derribo" ejercida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra los nietos del caudillo. Luis Felipe Utrera Molina ha reprochado al Gobierno su "falta de cortesía" por haber filtrado a la prensa la demanda interpuesta antes de que sus clientes tuviesen conocimiento de la misma. "La han recibido antes que mis clientes, lo cual es una cierta descortesía por parte del Gobierno que debería haber esperado a que mis clientes tuvieran conocimiento de la misma", ha recalcado el letrado.
En este sentido, Utrera Molina ha asegurado que los familiares de Franco tienen la "absoluta tranquilidad de que cualquier demanda que ponga en duda la legitimidad de la titularidad del pazo está encaminada a ser absolutamente desestimada". "No tenemos ninguna duda", ha añadido, al mismo tiempo que ha indicado que esto podría suponer que el "Estado tendrá hacer frente a las costas del procedimiento". Por todo ello, el abogado ha insistido en la "falta de elegancia" y ha enmarcado la presentación de la demanda en la "estrategia de acoso y derribo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la familia Franco. "Es una batalla de Gobierno en la que ha decidido que es su enemigo y nos defenderemos con todas las armas que nos da la ley", ha concluido.