El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, denunció que el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud «padece una insuficiencia estructural» y precisó que en 2018, la deuda sanitaria no imputada a las cuentas se situó en 181 millones de euros, una cantidad que elevaría dos puntos, hasta un 37 por ciento, el peso del gasto sanitario sobre el total de obligaciones reconocidas ese ejercicio. Asimismo, precisó que el porcentaje más alto de obligaciones pendientes de imputar se produce en los mismos cinco hospitales todos los años (Salamanca, León, Burgos, Valladolid Clínico y Valladolid Río Hortega). La representación de la deuda en estos centros alcanza el 63,6% y la del presupuesto ejecutado, el 48,9%. Advirtió en este sentido, de que el hecho de que en estos cinco centros se concentre el mayor importe de la deuda «no debe ser interpretado en términos de buena o mala gestión».
Amilivia compareció en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el Informe de Fiscalización del Análisis y Evolución de la Deuda Sanitaria no imputada a Presupuesto en la Comunidad. En este sentido, significó que a pesar de que la política de gasto de Sanidad (3.714 millones en 2018) es la que mayor peso representa (35% del gasto) y de que experimentó un incremento del tres por ciento desde 2015, «la deuda sanitaria no imputada a presupuesto viene demostrando año tras año que tales dotaciones resultan insuficientes para hacer frente a todas las necesidades asistenciales de la Comunidad».
El documento, explicó, pone de relieve que la ordenación sanitaria en la Comunidad está estructurada en once áreas de salud, y en todo el periodo analizado, el total de las gerencias de Atención Especializada aglutinan el 94,1% de la deuda, frente a las gerencias de Atención Primaria, el 5,3 por ciento, y la de Emergencias, el 0,6 por ciento.
El presidente del Consejo de Cuentas subrayó la constatación de que Castilla y León aumentó el gasto sanitario en el periodo 2011-2015 en unos 249 millones de euros, siendo una de las únicas cuatro comunidades en las que creció. Recordó que la deuda sanitaria estaba en los 1.169 millones en 2011, y se abordó con el plan de pago a proveedores, una cifra que en 2015 estaba en los 468 millones.
Amilivia trasladó la necesidad «reflexionar» sobre la importancia de preservar la sostenibilidad del sistema público sanitario, aunque comentó, no obstante, que a pesar de este déficit de financiación, Castilla y León tiene un gasto per cápita de 1.629 euros, que la sitúa en el quinto lugar en el conjunto de las comunidades autónomas del país. Es superada por País Vaso y Navarra, que disponen de un régimen hacendístico diferenciado, y también, levemente, con un gasto casi idéntico, por Asturias y Extremadura.
Grupos
El PSOE denunció el «gran desequilibrio» que revelan los estudios del Consejo de Cuentas, en los presupuestos de la Junta, y lamentó que «no tiene margen para invertir, ni capacidad de ahorro» pese a la recuperación y el aumento de los ingresos corrientes y fiscales, y debe recurrir al endeudamiento año tras año. «Dependemos de la financiación de terceros», resumió, y puso de relieve que «el mal endémico de la deuda sanitaria es una presupuestación fallida». Por su parte, el procurador del PP Salvador Cruz constató que el endeudamiento es una «problema común» de todas las autonomías, una situación que se acentuará los próximos ejercicios para afrontar la pandemia. Cruz advirtió no obstante que «esto no pude ser indefinido en el tiempo y hay que acometer una reforma» del modelo de financiación. En este sentido, Ciudadanos apeló a que la nueva financiación autonómica cubra las «necesidades reales» de gasto en servicios esenciales para evitar la generación de más deuda.