Los representantes del pueblo español, cuando aún tenían el mínimo sentido de responsabilidad exigible a su condición entendieron que para determinados asuntos de trascendencia e interés general hiciera falta algo más que una mayoría raspada y que fuera necesario que ésta fuera más amplia. El espíritu que subyacía en ello, como en todo el texto constitucional, era superar y evitar los famosos y perversos ¡tragala! de una parte sobre la otra que solo preludiaban otros igual por la contraria y obligar al pacto y al acuerdo. Lo plasmaron en la Ley de Leyes y lo ratificó por abrumadora mayoría la sociedad española a través de referéndum el 6 de diciembre de 1978. Entre otros sitios, esa mayoría cualificada de 3/5 quedó así establecida en el artículo 122 de la Constitución para diversos nombramientos de los órganos decisorios más relevantes del Poder Judicial.
La ocurrencia frentista de Podemos, que Sánchez, una vez más amenaza con abrazar, de cambiar de un plumazo esa norma, con una nueva ley aprobada tan solo por mayoría de la mitad más uno, es sencillamente una violación flagrante de la Constitución, amén de un serio ataque directo a ese poder del Estado, el Judicial, al que han puesto la proa y pretenden politizar todavía más, de manera aún más invasiva y controlar de manera total, como han hecho con otros territorios del mismo. El caso más flagrante la Fiscalía General del Estado donde al colocar a la exministra socialista, Dolores Delgado, hasta el día anterior ya no le han dejado ni una mínima brizna ni siquiera de apariencia de neutralidad.
La cuestión de fondo es esa. Más allá del necesario e imprescindible acuerdo al que es preciso llegar con quien es obligado hacerlo, con el Partido Popular, y acordar no es imponer, para renovar de inicio de Consejo General del Poder Judicial lo que de fondo subyace es algo mucho más profundo y cuya intención esparce un pésimo tufo. La cara B del Gobierno, que tantas veces lleva la voz cantante y hasta dirige la orquesta, lo expresa claramente y los de la cara A, el PSOE con sordina y cada vez más abducidos por esa partitura, otorgan callando o en susurros.
Lo que pasa es que los magistrados no están por la labor gubernamental, no están alineados y disciplinadamente entregados a las directrices de Moncloa y esto no se puede consentir. Deben someterse y si no se someten se les someterá. Lo de su independencia, lo de que la ley está por encima de todo y es su obligación también controlar los desafueros de los otros poderes, eso es una antigualla, eso ya no vale. Aunque eso sea exactamente el pilar de un sistema democrático de un estado de derecho.
No esperen argumentación alguna al respecto ni siquiera utilizar tal razón en un debate, ni parlamentario ni en uno de los espectáculos televisivos al uso que marcan el ideario y la opinión popular. Aquí, en lo que estamos, porque es lo que la propaganda cada vez menos subliminal y ya más zafia y tosca, pero no por ello, sino al contrario, más eficaz es que la mayoría de los jueces, menos los buenos, los que llevan la pegatina de progresistas que ellos mismos se ponen, son todos «fachas». Ellos también, y casi de los primeros, «fachas» como todos los que se les ocurra tener la más mínima discrepancia con el sacrosanto poder y los designios de los que ahora gobiernan España. Y como son «fachas» en nombre del «bien» hay que quitarlo de ahí y arrojarlos a las tinieblas exteriores.
Es así de burdo. Pero así es. Y así uno y otro día y al siguiente también ese es el argumentario, la doctrina que se pretende imponer a la sociedad española donde por tal «ley» cada vez y de golpe los fachas son a cada momento, cientos, miles, millones más. Para que lo entiendan, fachas somos todos excepto los que ellos tengan a bien salvar del estigma y conceder bula de progre. Así que para el Gobierno los magistrados, excepto los suyos, los de la cuerda, son todos una parva de «fachas» y que como tales deberían ser purgados del sistema judicial.
Hoja de ruta
Eso es en lo que estamos. Este es el plan. La hoja de ruta, cada vez más exhibida, aunque camuflada para írnosla haciendo tragar sin que se produzca la respuesta debida, de ir demoliendo el sistema constitucional, para ellos el «régimen del 98», nuestras garantías constitucionales, nuestros derechos y libertades. Poco a poco, uno a uno, pero siempre en esa misma y destructiva dirección. La Justicia les estorba. Así que los jueces son «fachas», la Justicia y la Ley son «fachas». El artículo 122 es «facha». Es facha la Constitución.