Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia ya han iniciado la «larga batalla judicial» contra la prohibición de la caza del lobo y ayer anunciaron la petición de medidas cautelares y la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección. Una reclamación que llegará a Europa, toda vez que pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación, considerando que la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que protege al lobo «va en sentido contrario» a la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que determinó en 1992 que esta especie al sur del Duero es «estrictamente protegida» pero al norte es «gestionable». Con estas actuaciones, las comunidades que aglutinan el 95% de población lobera de España, confían en poder acabar con la orden publicada el 21 de septiembre que incluye al lobo como especie protegida, una «tropelía» contra los ganaderos que «también va en contra de la propia especie».
Unas decisiones que se anunciaron tras la reunión de los consejeros del área de las cuatro comunidades y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, COAG, Asaja y UPA. Tras el encuentro, el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que destacó que las comunidades recurrentes representan colores políticos diferentes, afirmó que la estrategia y las medida llevadas a cabo hasta ahora por estas regiones han servido durante años para la conservación del lobo. Frente a ello, contrapuso que la decisión del Gobierno «se carga un modelo que ha permitido alcanzar unas poblaciones que son verdaderamente la envidia de muchos países, algo que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería de lucir y dejar de dedicarse a tomar decisiones que solo van a atacar la supervivencia del lobo».
Tras el encuentro, Suárez-Quiñones detalló que en aquellos lugares en los que ha habido una protección estricta «no ha garantizado la expansión del lobo, sino todo lo contrario». La desaparición de las poblaciones de lobo en Sierra Morena, a caballo entre Castilla-La Mancha y Andalucía, ha sido en el marco de una protección estricta. Algo similar sucede en Portugal, quienes poseen peores poblaciones que Galicia o Castilla y león con una protección estricta desde hace muchos años, agregó.
El responsable de Medio Ambiente de la Junta subrayó a la Agencia Ical que desde el Ministerio y el Gobierno de Pedro Sánchez existe «miedo al diálogo para poder hablar de la nueva ley y consensuar la estrategia, ya que no se puede decidir algo tan importante de esta forma». Por ello, cargó contra la manera «autoritaria» de hacer las cosas y censuró el «desprecio» mostrado contra el trabajo realizado por la cuatro comunidades autónomas hasta ahora.
Aun así, Suárez-Quiñones dejó claro que la justicia «es el último bastión de los derechos de los territorios y de las personas», por lo que mostró su total confianza en en la justicia para que es recupere «un sin sentido que ha desembocado esta gestión».
Justicia y respeto
«Cuidar la biodiversidad y reivindicar justicia, coherencia y respeto». Así de clara se mostró la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien señaló que se presentan estos recursos al «no haber ninguna alternativa y no quedar remedio ante unas acciones y una ley que produce indignación». Por su parte, su homológo de Asturias, Alejandro Calvo, denunció la situación de inseguridad jurídica y de paralización de los planes de gestión que produce una ley, que trastoca todas las acciones llevadas a cabo desde hace 20 años para salvaguardar la especie. Por último, el responsable de Cantabria,GuillermoBlanco, dejó patente su indignación por las acusaciones de la ministr al asegurar que las comunidades no han querido dialogar. «Nos gustaría pensar que todavía hay un espacio al diálogo, porque nunca nos cerraremos a ello», dijo.