Como doctor en Filosofía, Atilano Soto, quien fuera presidente del consejo de administración de Caja Segovia en la época de los supuestos desmanes en litigio, siempre ha tenido una frase definitoria de una situación a modo de perlas textuales, incluso cuando las pronunciaba en latín. Aunque parco en palabras cuando iba a entrar en la Audiencia Provincial, este martes, dio el titular del día: «La Justicia está para dar la razón a quien la tenga».  

El inicio de la vista oral del juicio de las prejubilaciones de la entidad, de un plan de 17,2 millones de euros, marcado por las cuestiones previas, tuvo un argumento central: la legitimidad o no de la Fundación Caja Segovia para ser acusación particular. Es  la clave, cuando el fiscal pide el sobreseimiento, se aplicaría la llamada ‘doctrina Botín’ que sostiene que, cuando no hay intereses públicos o colectivos en un procedimiento penal y no acusa el ministerio público  ni ninguna acusación particular legítima y real tiene que procederse al archivo y sobreseimiento de la causa, lo que viene a ser una sentencia absolutoria anticipada sin que se celebre el juicio. 

La incógnita se mantendrá hasta que no resuelva con un auto la Sala, que preside el magistrado José Miguel García Moreno, en una semana. Por lo tanto solo cabe especular pero resulta muy significativo que la vista concluyera con la intención del presidente de pactar las fechas de continuación con los letrados de las partes, inicialmente para los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14, y si es preciso, el 19  de febrero. Se puede interpretar que los magistrados tienen la intención de que todo se dirima en el juicio con la práctica de las pruebas, tesis sostenida por otros jueces en  resoluciones anteriores.  

El veterano abogado Luis Rodríguez Ramos, con el olfato de la experiencia,  no tiene todas consigo. Para explicarlo recurrió a la alta capacidad de los andaluces para la metáfora que aplicó un «viejo oficial» de la Audiencia de Málaga: ‘Un juicio es un ser vivo, se sabe cuando nace pero no cómo se va a desarrollar’.  Así, para quien defiende a dos exdirectivos,  «queda en manos de tres magistrados que van a concluir lo que estimen más justo que, naturalmente, no significa que sea lo más acertado, la sala anterior que revocó el sobreseimiento, se equivocó, los magistrados y el juez se pueden equivocar porque son humanos», dijo.

En caso de ser rechazada la acusación particular, la Fundación Caja Segovia, que mantiene ser la perjudicada por los hechos que se juzgan, podrá recurrir ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Por el contrario, si no se atiende esta cuestión previa, las defensas podrán incorporar esta situación en sus conclusiones definitivas e incorporarlo en el posible recurso a la sentencia.  Aún pueden quedar años para ver el final, después de que hayan pasado casi ocho desde que presentara una denuncia la desaparecida UPyD –de la que son herederos algunos miembros de Centrados– donde no solo hablan de los 17,2 millones en liza, sino de 33,7 millones de euros,  de los que los restantes 16,5 corrresponden a compromisos ‘postempleo’ instrumentados en tres pólizas distintas.     

BANQUILLOS. Hay tres niveles de acusados. Por los delitos de apropiación indebida, agravado por administración desleal,  en el banquillo de la izquierda de la presidencia se sentaron quienes pertenecieron al consejo de administración y a la comisión de retribuciones:  Atilano Soto, así como los exvicepresidentes Manuel Agudíez y Elena García Gil, para quien las acusaciones -Fundación Caja Segovia, Izquierda Unida y la Confederación Intersindical de Cajas– piden entre tres y ocho años de cárcel para cada uno. 

En el banquillo de al lado, los que fueron altos directivos:   el exdirector Manuel Escribano, el exjefe de recursos humanos, Enrique Quintanilla, y el exsecretario general, Antonio Tapia, para cada uno de los cuales se piden entre nueve y cuatro años de cárcel.  

Luego se encuentran los miembros del equipo de dirección por su condición de responsables a título lucrativo, el exdirector Miguel Ángel Sánchez Plaza, el único que fue llamado a la vista –sentado en el primer banquillo del escaso público que asistió, sin contar a los periodistas– y quienes están eximidos de acudir Óscar Varas, Juan Magaña,JuanAntonio Folgado y Malaquias del Pozo. También está representada la entidad aseguradora Caser.

Si bien con matices, las defensas –a las que se unió el fiscal– siguieron los pasos del letrado Jesús Tovar representante de García Gil,  argumentando, no solo que sus defenidos están al margen de cualquier hipótesis delictiva, que lo tratarán de demostrar en la vista, si continúa, sino en que la Fundación Caja Segovia no es la depositaria de los supuestos perjuicios y, por tanto, no tiene legitimidad para ser acusación privada.  Con este tema se pasaron más de dos horas las defensas, aparte de quienes representan a los responsables a título lucrativo que argumentan que todo ello está prescrito. De ser así, la acusación popular de la Intersindical retiraría los cargos para estos últimos.  La Fundación,como heredera de Caja Segovia, según el abogado Rafael Iturriaga, se considera perjudicada   basándose en que «la consumación del delito se produce el 31 de diciembre de 2010», cuando se hace la transferencia de más de 17,2 millones a favor de Caser, horas antes de ser efectiva la fusión con el Banco Financiero de Ahorros (BFA), del que surgió Bankia.

Aparte del pésimo sonido que hacían inentendibles las intervenciones, si hubo alguna tensión en la vista fue un pequeño rifirafe, en el que tuvo que terciar el presidente, cuando el abogado de IU, Alberto López Villa, consideró que el tiempo empleado en las cuestiones previas se habría reducido si la Fiscalía hubiera «cumplido con su función como acusación», lo que hizo saltar como un resorte al fiscal jefe,Antonio Silva,  quien reclamó que retirara esa expresión que, no había escuchado de un abogado en sus 47 años de profesión. Ya de «guasa», Silva dijo que su intervención estaría justificada «si Atilano hubiera matado a otro». 

López Villa declaró después que no cabía  «esa actitud tan agresiva si fuera algo absolutamente normal y cotidiano lo que está haciendo (...) en ese marco entendemos esta reacción tan airada». Así las cosas, alea iacta est (la suerte está echada), que diría Atilano Soto.