El portavoz municipal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Segovia, Pablo Pérez, desvelaba este jueves que la alcaldesa, Clara Luquero, firmó un decreto de Alcaldía con fecha del 17 de septiembre por el que se exime al PSOE de pagar el IBI por su sede, localizada en la avenida del Marqués de Lozoya, en el barrio de La Albuera. En declaraciones a la prensa, de pie a las puertas del Ayuntamiento, lo calificó como «una auténtica vergüenza» y «otro escándalo más del equipo de Gobierno», justo a la vez que la propia alcaldesa salía del Ayuntamiento y pasaba por detrás de Pérez con buena parte de su equipo. Rara vez hubo buenos tiempos en la relación entre ambos partidos, y ahora menos.
«Yo creo que (Luquero) ya no está pensando tanto en servir a la ciudad, sino intentando beneficiarse a sí misma y a los suyos. Lo hemos visto con el caso Trípode y Aguiar en la Concejalía de Cultura y ahora vemos cómo beneficia a sus amiguetes a través de una exención fiscal que no tienen el resto de segovianos, y se la da a su partido», afirmó Pérez.
Sin embargo, preguntado por la prensa sobre si lo que estaba advirtiendo consideraba que era una ilegalidad o una inmoralidad, reconoció lo segundo: «Es inmoral. Si fuese ilegal, en vez de estar hablando aquí estaríamos en la puerta del juzgado», recalcó.
La opción de exención del IBI a partidos políticos que tengan sede en propiedad la ampara concretamente la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, aprobada con Aznar en el Gobierno en 2002. Ahí encuentran los partidos encaje legal por ser considerados entidades sin fines lucrativos, lo cual ha dado origen a no pocos debates y polémicas a cuenta de quienes deciden acogerse a esta exención y quienes no.
¿Pero entonces si un partido pide esta exención se tiene que conceder? «Exactamente», respondió Pérez, de tal modo que al final venía a justificar en parte la firma del decreto. «Es decir, esto al final surge de que el señor Aceves y el señor Bayón (secretarios del PSOE provincial y local), en su forma de no contribuir con el sostenimiento de los servicios, porque piensan que están en una ONG, presentan un escrito y lógicamente la alcaldesa firma el escrito a sus amiguetes», insistió.
Ya por la tarde, el secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, aseguraba a El Día que el PSOE ya había solicitado esta exención otros años porque tienen derecho a ella, pero que aun así no han dejado de pagar el IBI. ¿Y entonces para qué se pide la exención si luego se cuenta con no beneficiarse de ella? «Pues muy fácil, lo pido porque tengo derecho, y después demuestro que colaboro», respondió, e instó a esperar a un comunicado que estaba preparando con su partido.
Poco después llegaron sus declaraciones por escrito, junto a recibos de meses y años pasados: «A pesar de poder no hacerlo, siempre hemos pagado el IBI y lo seguiremos haciendo porque para nosotros es una cuestión de compromiso social», decía Aceves, al tiempo que amenazaba a Pérez con «emprender acciones legales» si no «rectifica». Lo que no se detallaba en la nota es por qué se pedía la exención si luego, según dicen, se pagaba, pero la polémica amenaza con alargarse y dar más oportunidades de escuchar ‘explicaciones’ de unos y otros.