«Intenté evitar el juicio porque estaba claro cómo iba a terminar, pero no hubo manera». El abogado Pedro Arahuetes llama la atención sobre la negativa del Ayuntamiento a allanarse a las demandas de la comunidad de propietarios de la calle Camino de la Presa a pesar de que los precedentes jugaban en su contra. «Era evidente que el juez iba a fallar de la misma manera que lo hizo hace unos meses», insiste el letrado de esos vecinos de Camino de la Presa ahora conectados estrechamente con otros del propio barrio de San Lorenzo que consiguieron el pasado mes de febrero que la Justicia se pronunciase en contra del criterio de cobro que hasta ese momento mantenía el Ayuntamiento en las reparaciones de las tuberías de agua.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo invocó entonces sentencias precedentes y normativa estatal vigente para concluir que el Ayuntamiento no sólo es responsable de la tubería general, sino también de los ramales que llevan el servicio hacia los distintos edificios, al contrario del criterio que aplicaba. Es decir, que la parte que le corresponde al particular se limitaría a la instalación interior del inmueble, hasta el punto de unión entre esta y la acometida con la red. Contra esta sentencia no cabía recurso ordinario por no superar el litigio los 30.000 euros. Igual que tampoco contra la que dictó este mismo Juzgado el día 7 de este mes, en este caso para dar la razón a los vecinos de Camino de la Presa.

Estos vieron el pasado mes de abril cómo una avería en la red de saneamiento y abastecimiento les dejaba sin agua durante varias horas. Para solucionar el problema, ellos mismos llamaron a una empresa, aunque esperaban que el Ayuntamiento al final asumiera el coste de la reparación. Así les aseguró que lo haría la alcaldesa, Clara Luquero, tal y como figura en la demanda que presentaron en el Juzgado y tal y como confirmó la presidenta de la comunidad de propietarios en la vista oral. Sin embargo, los servicios municipales decidieron apurar la vía judicial, que ahora les ha propinado un nuevo varapalo y les va a obligar a realizar un desembolso de unos 6.000 euros, incluidas las costas derivadas del procedimiento.

El magistrado Raúl Martín Arribas concluye que «el Ayuntamiento es responsable de la conducción del agua hasta el contador» y apunta que los argumentos con los que este responde a la demanda de los propietarios de Camino de la Presa situaría a unos vecinos de la ciudad en peores condiciones que otros por el hecho de que la llave de paso se encuentre alejada de la propiedad privada. En este caso, el informe técnico municipal establecía que la responsabilidad del Ayuntamiento acababa en la llave de paso existente en la rotonda Melitón Martín y no en las válvulas que existen en cada uno de los portales, «situadas en una zona privada donde enlazan dos sectores de tubería que deben considerarse particulares». 

Tesis que rechaza el titular del Juzgado de lo Contencioso, que pone el acento también en que la tubería donde se produce la avería transcurre por la vía pública y que son el Ayuntamiento y la empresa que gestiona el servicio de agua «los únicos» que pueden abrir zanjas, revisar tuberías y enlaces y cambiar las que se encuentran en peor estado. El Ayuntamiento dejó en el aire al final del pasado mandato aplicar una subida de los costes fijos del servicio, ya fuera con un nuevo canon u otra fórmula.