Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias, conocido como 'grupo de los 8', se reúnen mañana en Santiago de Compostela, a instancia del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para buscar soluciones ante "el insuficiente" sistema de financiación, cuya revisión es "urgente" ante un aumento exponencial del gasto en sanidad, educación y servicios sociales que no cubre los ingresos asociados al modelo autonómico.

Ante la cumbre en Santiago, la Agencia Ical ha consultado a los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, la "anfitriona" Galicia y Castilla y León sobre cómo tiene que ser el nuevo sistema, el peso que deben tener las variables de población, envejecimiento, dispersión o perdida de población o como se equilibra la igualdad entre las comunidades que piden más dinero por aumento de la población y las que ponen el acento en la dispersión y el envejecimiento.

En Galicia se reúnen ocho comunidades, cinco gobernadas por el PSOE, dos por el PP y una por los regionalistas, que representan casi el 25 por ciento de la población y el 62 por ciento del territorio nacional, pero todas coincidieron en que el actual sistema es "insuficiente" porque no cubre el coste en la prestación de la sanidad, educación y servicios sociales, pilares del estado del bienestar.

Así, el encuentro buscará llegar a soluciones para aportar al conjunto del país, en defensa de los intereses de las comunidades a "las que nos debemos como gobernantes", pero "siempre desde la lealtad absoluta al Estado del que formamos parte", explicaron desde la Presidencia de la Xunta de Galicia.

El nuevo sistema, cuya revisión se urge desde hace años puesto que el actual data de una ley de 2009, debe garantizar la igualdad de todos en el acceso a los servicios básicos y ser suficiente en el coste de la prestación de la sanidad, educación y servicios sociales, es decir que hay que evaluar el coste real de su prestación en los territorios, subrayaron desde todas las comunidades consultadas.

"Hay que asegurar los servicios para todos los ciudadanos", defendió el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. "El resultado debe ser que todas las autonomías salgan beneficiadas, es decir que dispongan de los recursos necesarios para ejercer sus competencias", explicaron desde el Gobierno extremeño. "O se toman medidas o no se va a poder prestar el servicio", sentenció el presidente de Aragón, Javier Lambán, en el audio remitido por su servicio de prensa.

El grupo de los ocho entiende que el nuevo sistema debe analizar el coste real de la prestación de esos servicios básicos en comunidades con una población envejecida y dispersa. "Lo primero es ponernos de acuerdo en las variables, y también hay que incluir la superficie como variable", manifestaron desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

"La negociación del nuevo sistema no debe iniciarse por el reparto, sino que hay que definir a qué queremos dedicar los recursos", reseñaron desde la Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara. Como factores relevantes, apuntaron a la población, la dispersión, el empleo, la falta de infraestructuras o el riesgo de exclusión social.

Castilla y León quiere que además del coste efectivo en la prestación de los servicios a las personas -envejecimiento y dispersión- se valore el gasto vinculado al territorio, como carreteras o protección del patrimonio forestal e histórico, reivindicó el consejero Fernández Carriedo, que precisó que la Comunidad, con el cinco por ciento de la población, tiene el 16 por ciento de carreteras autonómicas, el 17 por ciento del medio forestal o el 38 por ciento de los consultorios existentes en España. "Es algo a computar y valorar", aseveró.

Más recursos

Se trata entonces de que el Gobierno ponga más dinero en la tarta del sistema de financiación. Todas las comunidades consultadas defendieron que ninguna pierda recursos con el nuevo modelo. "El punto debe ser que nadie salga con menos dinero", manifestó Lambán, igual que el Gobierno extremeño apostó por que "todas salgan beneficiadas" y por "un gran pacto" entre los principales partidos, "sin confrontaciones entre comunidades ni entre cuáles ganan o pierden".

El consejero castellano y leonés advirtió que con el actual sistema no se cubre el 16 por ciento el coste de sanidad, educación y servicios sociales que presta la Junta a sus habitantes, abogó por asegurar esas competencias del estado del bienestar y remarcó que la negociación debe ser entre todos, y no bilateral, que "luego se exporte al resto".

Y la armonización fiscal debe estar en el sistema. "Por supuesto, todos los ciudadanos tienen que pagar sus impuestos en función de su capacidad económica", explicó el Gobierno castellanomanchego. "Es importante vincular el debate sobre financiación a la reforma fiscal, porque lo que se dirime es el tipo de servicios públicos que queremos prestar a los ciudadanos", sostuvo el Ejecutivo extremeño.

La Xunta de Galicia se centra en su papel de "anfitriona". "La principal motivación de los ocho presidentes es ser útiles al país, y lo que se busca es defender los intereses de las comunidades a las que representamos sin apriorismos ni sectarismos".

Con estos argumentos se reunirán mañana en Santiago los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP); Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP); Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE); Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE); Aragón, Javier Lambán (PSOE); La Rioja, Concha Andreu (PSOE); Cantabria, Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista); Asturias, Adrián Barbón (PSOE).