La Ley del Tercer Sector Social de Castilla y León se aprobará antes de finalizar el año, una vez que ahora empieza su tramitación administrativa, con un "reconocimiento" del voluntariado como parte integrante del sistema. Además, el texto del anteproyecto de ley dota de cobertura jurídica a las organizaciones del tercer sector y un plan estratégico para el "impulso" y la "promoción" de este tipo de entidades, con una mención expresa a favorecer el mecenazgo y el patrocinio.

Una labor de los voluntarios que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, puso hoy de manifiesto en un momento como el actual con la pandemia del COVID-19, en que se ha comprobado su colaboración, hasta el punto de convertirse en "relevante" dentro de las organizaciones. En este sentido, mencionó a tres de las entidades del tercer sector más importantes que operan en Castilla como Cruz Roja, Banco de Alimentos y Cáritas. Citó que Cruz Roja atendió durante la crisis sanitaria a más de 14.000 familias con ayudas urgentes para alimentos o bienes de primera necesidad; la organización vinculada a la Iglesia ha dado alojamiento a más de 430 personas sin hogar y el Banco de Alimentos ha incrementado un diez por ciento las familias atendidas, con la previsión de dar comida a 90.000 familias a finales de año.

La consejera consideró, en declaraciones recogidas por Ical, necesario promover y facilitar la participación de la ciudadanía a través del voluntariado, al que se reconocerá sus competencias y se les dotará de una seguridad en el trabajo. En la actualidad, la Comunidad cuenta con unos 200.000 voluntarios que colaboran en alguna de las 414 entidades  de voluntariado registradas, de las que la mitad pertenece al ámbito de los Servicios Sociales.  

Isabel Blanco significó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el tercer sector es la tercera "gran pata" de la prestación de los Servicios Sociales en Castilla y León y al que hay que poner "en valor". "En un territorio tan extenso, las entidades llegan donde, en muchas ocasiones, no puede la administración, por lo que es tan necesaria esa colaboración. Son la riqueza de la Comunidad y forman parte del ADN de los Servicios Sociales", declaró.  

El anteproyecto de ley, que estará disponible en la página del Gobierno Abierto de la Junta para su consulta y la presentación de alegaciones, establece quiénes son entidades del tercer sector, define los fines de su intervención, los criterios y las distintas fórmulas de colaboración. Por otro lado, se recoge la finalidad de la intervención de las entidades, entre la que se encuentra el promover la inclusión social o el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad o exclusión o en peligro de estarlo y se recogen las actividades a desarrollar para alcanzar la finalidad buscada abarcando desde la sensibilización a la promoción de valores como la solidaridad.

También, se marcan los criterios que se deben aplicar en la ejecución de las intervenciones que realicen las entidades del tercer sector con una especial mención al trabajo en la Red de Protección, la coordinación con los sistemas de servicios sociales de responsabilidad pública y el papel esencial en el trabajo en red del profesional de referencia ubicado en un técnico de los equipos de acción social básica del CEAS correspondiente.