Las redes e internet son un arma de doble filo: diversión, comunicación instantánea, información y entretenimiento se topan con la barrera de la humillación y el ciberbullying.

Las imágenes íntimas de una persona tomadas por quien ya no es su pareja se difunden a gran velocidad en diferentes foros, y las fotos o vídeos grabados por alumnos en el patio de un instituto rápidamente pasan a formar parte de la galería de numerosos dispositivos.

El problema se acentúa cuando la vejación y la presión acaban causando un desenlace fatal para la víctima. Sin embargo, ¿es posible frenar la difusión vídeos degradantes y evitar así que se hagan virales?, ¿prima siempre el derecho a la información sobre la intimidad y la protección de los datos personales, incluso en el caso de los menores?

El Ejecutivo y varias instituciones tratan de evitar que este tipo de situaciones causen un daño extra a las víctimas, pero la propia naturaleza de la red lo convierte en una misión casi imposible, sobre todo en las aplicaciones de mensajería privada. Se trata de grabaciones violentas que viralizan en pocas horas debido al efecto multiplicador de las redes, pero también de los medios de comunicación. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Gobierno han activado recientemente una serie de mecanismos que persiguen poner freno a la difusión de estos contenidos que proliferan en las redes sociales y tratar así de evitar el perjuicio añadido y la humillación que supone para las víctimas la propagación de las imágenes.

Vídeos como el de la joven agredida en Madrid por unas excompañeras de su anterior centro escolar son vistos por cientos de personas en las redes sociales en cuestión de horas, pero también son reproducidos por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y colisionan entonces -al margen de las consideraciones éticas- varios derechos (a la información, al honor, a la intimidad...). Durante los últimos años se han sucedido en España casos similares, algunos de ellos con un final trágico para las personas afectadas.

La iniciativa que ha puesto en marcha la AEPD en colaboración con varios ministerios (Igualdad, Interior, Educación y Trabajo) incluye la activación de un «canal prioritario» para retirar con la mayor celeridad los contenidos especialmente sensibles en internet.

La plataforma que se ha habilitado en la Agencia de Protección de Datos (la cual ya abrió una investigación de oficio en el caso de la menor agredida en Madrid), permite comunicar la difusión ilícita de material sensible y dar una respuesta rápida en situaciones «excepcionalmente delicadas».

Seguridad para los niños

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de la iniciativa Internet Segura For Kids (IS4K), ha puesto en marcha también varias campañas para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de hacer un uso seguro y responsable de las redes.

Manuel Ransán, responsable del área de menores del INCIBE, corrobora la gran dificultad de poder controlar un contenido cuando empieza a circular por el ciberespacio: «el ecosistema de internet ha traído consigo nuevas dimensiones que tienen una gran repercusión sobre lo que compartimos en línea y cómo interactuamos en relación a un contenido».

El experto subraya que la facilidad de «copiar y pegar» cualquier información, incluso de archivarla y que tenga persistencia en el tiempo «son características que dificultan enormemente la posibilidad de frenar su difusión».

Pero también observa que la mayoría de las redes sociales y plataformas que permiten el alojamiento de ficheros o vídeos disponen de mecanismos «de reporte» para luchar contra la propagación de material que atente contra los derechos de la persona, como el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen.

Sin embargo, este especialista en ciberseguridad y menores hace una distinción entre las denominadas redes sociales -y la posibilidad real de agilizar la gestión con ellas para limitar el tiempo de exposición de un determinado contenido- y las redes privadas, como las aplicaciones de mensajería instantánea, en las que es imposible saber qué está circulando salvo si se tiene acceso físico al propio teléfono.

Manuel Ransán insiste en la «revictimización», el doble daño que se produce cuando las imágenes se viralizan, «e incluso cuando no se llegan a difundir», por el sufrimiento que puede tener una persona que sabe que esa grabación existe y puede llegar a ver la luz.

La tiranía del clic

Sobre la mesa también existe otro debate: ¿la difusión de estos contenidos en los medios de comunicación puede contribuir a aumentar la sensibilidad social contra este tipo de acciones? ¿O por el contrario contribuyen a viralizar aún más la grabación ilícita y aumentar el daño y la humillación de la víctima?

Desde el INCIBE, el experto en seguridad y menores subraya la posibilidad de ejercer el derecho a la información, así como a sensibilizar a la población sobre algunos comportamientos inapropiados o perjudiciales, a la vez que se compagina ese derecho con el respeto al derecho de las personas a su intimidad y a su propia imagen.

En ese sentido, el abogado Borja Adsuara, especializado en la protección de datos y profesor universitario de Derecho de la Comunicación Audiovisual, coincide en que se pueden suprimir ese tipo de contenidos de los sitios web y las diferentes plataformas digitales, pero es «imposible» impedir su viralización a través de aplicaciones de mensajería privada.

Adsuara observa que el derecho constitucional a la información está limitado por el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, pero también que estos «ceden» en ocasiones ante el de la información.

«No hay derechos absoluto y en cada caso hay que sopesar cuál prevalece», apunta este abogado. Y agrega: «publicar un vídeo tiene un indudable valor informativo y de denuncia, pero hay que hacerlo con cuidado para no desvelar la identidad de la víctima».

A su juicio, muchos medios de comunicación abusan de este tipo de imágenes porque se aseguran visitas y audiencia (la tiranía del clic y de la audiencia), «pero no es menos cierto que también ayudan a sensibilizar a la sociedad con estos hechos». Es, según Adsuara, una cuestión de medida y de deontología profesional.