Cuando faltan escasas jornadas para que se inaugure oficialmente el verano, y con el la temporada de incendios, los fiscales de medio ambiente de Castilla y León han hecho un llamamiento para que los ayuntamientos y el Seprona adopten las medidas preventivas necesarias e intensifiquen la vigilancia en las zonas de elevado riesgo de incendios, en especial en los momentos de mayor peligrosidad. Así se lo han trasladado en la reunión convocada por la fiscal superior de Castilla y León para fijar las pautas comunes de actuación para la actual campaña de incendios forestales.

En este encuentro decidieron dirigirse a los servicios territoriales de medio ambiente de la Junta de cada provincia y a los ayuntamientos para que adopten «medidas adecuadas» en relación a los puntos señalados como de alto riesgo, como es el caso de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas, zonas de campamentos infantiles y juveniles o terrenos forestales de riesgo.

De igual forma, la Fiscalía se dirigió al Seprona para que intensifique sus funciones de vigilancia y control en los momentos y lugares de mayor riesgo, así como que los atestados que impliquen riesgo de incendio forestal sean remitidos a la Fiscalía de Medio Ambiente de cada una de las provincias, incluidos los atestados en los que no hay autor conocido para disponer de una información «global» que permita hacer una valoración que sirva en el futuro para impulsar actuaciones que eviten la provocación de nuevos incendios.

115 diligencias ambientales

El año pasado el Ministerio Fiscal inició 115 diligencias de investigación en Castilla y León frente a las 84 de un año antes, lo que supuso un incremento del 37%. De ellas, 27 lo fueron por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; 26 por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo; 12 por delitos sobre el patrimonio histórico; 23 por delitos sobre la protección de la flora y la fauna; 20 por incendios forestales y siete por malos tratos a animales domésticos.

Además, se incoaron 306 nuevos procedimientos, es decir, un 2,6% más que en el año 2017, cuando se incoaron 298. Se formularon 50 escritos de acusación por parte de la Fiscalía, un 5,6% menos, y el delito más calificado fue el de protección de la flora y la fauna. En cuanto al número de sentencias en 2019, se dictaron 70 frente a las 89 del año anterior, lo que supuso un descenso del 27%. De ellas, 45 fueron condenatorias frente a las 66 del año 2017, y 25 absolutorias.

año sin sobresaltos. Los fiscales recordaron que el año pasado no se produjeron grandes incendios en la Comunidad y fue muy notable el número de fuegos, algo que se atribuyó a las condiciones meteorológicas favorables, con un invierno más húmedo de lo normal, una primavera fría, y un verano no excesivamente caluroso.

Quemar pelusas

Los fiscales también ponen la voz de alerta sobre la conducta de quema de pelusas, una práctica que puede tener «graves consecuencias», y que durante las últimas semanas ha tenido en vilo a los cuerpos de bomberos de ciudades como Burgos, Palencia oValladolid, donde se han registrado múltiples incendios a raíz de la quema intencionada de estas pelusas. Ante esto, desde elMinisterioFiscal alertan a los causantes de estos fuegos que pueden ser constitutivos de un delito de incendio castigado con elevadas penas privativas de libertad según las circunstancias, el lugar, el riesgo para las personas o la afectación a masas forestales.