La reforma de la financiación autonómica se aplaza un año más -y van cuatro-, y no es probable que se apruebe ni a corto ni a medio plazo, situación que no inquieta demasiado a las comunidades autónomas que han logrado más beneficios tras los contactos bilaterales con el Gobierno.

Aunque 2018 arrancó con el firme propósito de cerrar el año con un nuevo modelo y pese a un pequeño impulso en el primer semestre, la sentencia del caso Gürtel, la falta de un Govern en Cataluña y la moción de censura retrasaron los plazos, y ya en junio el presidente Sánchez admitía que «no había tiempo material» para la reforma, que debía esperar a un mejor momento político.

No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el objetivo es que el «esqueleto del futuro modelo esté concluido esta legislatura tras varios años de bloqueo con el Ejecutivo del PP».

En cualquier caso y mientras llega la reforma de un sistema que entró en vigor en 2010 por un período de cuatro años, Sánchez ha ido anunciando iniciativas para mejorar, de forma inmediata, la financiación de cada región y paliar sus urgencias económicas.

Aquí se incluye una senda de estabilidad que concede 2.500 millones adicionales a las autonomías, tras aumentar en dos décimas su objetivo de déficit para 2019; las entregas a cuenta que aumentarán un 7,2 por ciento con el nuevo año o el compromiso de devolver a las comunidades los 2.000 millones que les corresponden por la liquidación del IVA de 2017.

En ese standby y conscientes de que el modelo no se aprobará esta legislatura, La Moncloa citó en septiembre a las comunidades a una Comisión de Financiación Autonómica que pretendía dar por concluidos los trabajos técnicos e iniciar «la negociación política», con la principal novedad de incorporar Cataluña, tras un año ausente por el 155.

En esta cita, el departamento de María Jesús Montero reconoció implícitamente que las regiones estaban mal financiadas y se mostró abierto a abrir un diálogo para el reparto equilibrado de los recursos. Sin embargo, aunque las comunidades valoraron ese reconocimiento implícito de la infrafinanciación, en el caso de Cataluña, su vicepresidente, Pere Aragonès, anunció que no había motivos para volver a participar en estas reuniones. Además, dejó claro que el Govern no iba a intercambiar una nueva financiación por el derecho de autodeterminación.

No obstante y pese a no entrar en vigor el nuevo modelo, las autonomías han visto crecer sus ingresos y en 2019 podrán gastar más dinero que nunca con la recuperación, en parte, de impuestos vinculados a actividad inmobiliaria y el alivio de la deuda a corto plazo.

A finales del verano, Hacienda anunció una reestructuración de la deuda de las comunidades, con la posibilidad de que los vencimientos a corto plazo se puedan alargar a medio plazo e incluso abordar el estudio para «la totalidad de la deuda».

Y en esa línea, se comprometió el Gabinete socialista a hacer más confortable a las autonomías la senda de estabilidad y a otorgarles más capacidad para dedicar más recursos al Estado del bienestar. 

Pero estas medidas también han sido interpretadas, por la oposición, como «maniobras dilatorias» a la espera de unas elecciones generales que despejen el panorama político.

De hecho, Pedro Sánchez, en la última de las reuniones con presidentes autonómicos, en concreto con el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quiso dejar claro que «no es el momento para la reforma por el actual bloqueo en los acuerdos de Estado».

Esa oposición política, que también ralentizó la reforma cuando estuvo al frente del ministerio, es la que ahora recuerda a Sánchez que llegó al Gobierno con «casi todo hecho».

Y es que el informe encargado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a una comisión de expertos, en 2017, se entiende como el punto de partida natural para la reforma.

Ese informe, que en el primer semestre de 2018 recibió comentarios de todas las comunidades autónomas, contempla, en líneas generales, la capacidad de las comunidades para fijar copagos, subir o bajar impuestos, mejorar la fiscalidad y, sobre todo, un gran acuerdo para financiar el Estado del bienestar y pagar la educación y la sanidad en un supuesto tiempo de crisis.