Castilla y León se situó en 2018 como la comunidad con menor número de demandas de disolución matrimonial, con 18,6 por cada 10.000 habitantes, por debajo de País Vasco, 19,1, y Aragón, 20,6, y a gran distancia de la media nacional, del 23,9, según según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En concreto, en Castilla y León las separaciones consensuadas a lo largo del pasado año se elevaron a 166, un 10,8 por ciento menos respecto de 2017, mientras que las no consensuadas se situaron en 65, también con un descenso del 12,2 por ciento.

Con respecto a los divorcios no consensuados, la cifra se elevó a 1.789, un 3,8 por ciento más, mientras que los consensuados se redujeron en un 7,5 por ciento, al situarse en 2.453. Las nulidades, por su parte, se incrementaron un 33,3 por ciento como consecuencia de las cuatro contabilizadas.

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas, las consensuadas, 472, experimentaron un incremento del 6,8 y las no consensuadas, 1.510, se redujeron un 1,0 por ciento.

Asimismo, las medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas se incrementaron un 2,8 por ciento, al situarse en 589, mientras que las no consensuadas cayeron un 6,1, al contabilizarse 862.