Los sindicatos CCOO y UGT exigieron hoy a la Junta de Castilla y León que cumpla con los acuerdos para recuperar los derechos perdidos por los empleados públicos durante la crisis porque entienden que “es el momento” ante los datos económicos, entre ellos solicitan la implantación el 1 de abril de la jornada de 35 horas semanales y la convocatoria en 2019 de la carrera profesional para todos y con las mismas posibilidades.

El día 13 de marzo han convocado una concentración ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, a las 10.30 horas, y de allí los empleados públicos partirán hacia la sede de las Cortes de Castilla y León que celebran pleno y en cuyo orden del día se votará la proposición de ley de la carrera profesional, según explicaron en una rueda de prensa Tomás Pérez Ureña, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT; Fonsi Buenafuente, secretaria de Igualdad de UGT; Ana Rosa Arribas, coordinadora de Área Pública de CCOO y Ernesto Angulo, coordinador de Sector Autonómico de CCOO.

Así, detallaron que del acuerdo nacional falta por cumplir los fondos adicionales (0,2, 0,25 y 0,3 por ciento) a la mejora salarial de 1,75 en 2018, 2,5 2n 2019 y un 2 por ciento en 2020 y en cuanto al acuerdo marco firmado en 2015 con la Consejería de la Presidencia, a la que han hecho llegar sus propuestas sin obtener respuesta, explicaron que algunos temas están cumplidos y otros no.

Por ello, trasladan la reivindicación a la calle en la que reclaman la instauración de manera inmediata -1 de abril- de la jornada semanal de 35 horas porque Castilla y León cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto y la Administración “se había comprometido a trasladar esta medida de forma inmediata”.

Ureña advirtió, en declaraciones recogidas por Ical, de que su exigencia no se centra únicamente en las 35 horas, sino en avanzar y recuperar los derechos perdidos, como la implantación de la carrera profesional en 2019 igualitaria para todos los empleados públicos y efectiva en 2019; la recuperación de los fondos de acción social -ayudas por ejemplo para becas al estudio o prestaciones como gafas o prótesis, entre otras- ya que tienen firmado llegar al 50 por ciento en 2019; concluir el Plan de Igualdad y la retirada de las tasas de reposición y las convocatorias extraordinarias de ofertas de empleo públicas.

Respecto de la carrera profesional, lamentaron que algunos grupos de las Cortes, con una capacidad de decisión, no hayan recogidos sus propuestas de alegaciones en las enmiendas presentadas y enumeraron que se mantengan los sexenios y no se renuncie a ellos al elegir la carrera profesional o que a los fijos discontinuos -tienen oposición- se les compute el año completo, aunque trabajen sólo una campaña de tres o cuatro meses.

“No lo hemos visto en las enmiendas, nos han dicho que lo van a transaccionar”, precisó Tomás Pérez Urueña, motivo por el que quieren reunirse ese día con los grupos y estar presenten en el debate y votación de la norma que regulará por ley la carrera profesional. El dirigente ugetista calificó de “juntas churras con merinas” que en la misma sesión se dé luz verde a la proposición de ley de seguridad alimentaria, dirigida a los veterinarios. “Algún grupo que tiene la llave hace más caso a la minoría”, apostilló, en referencia a que esa norma beneficia a 1.200 profesionales y la carrera profesional a los 85.000 empleados públicos.

A estas reivindicaciones unieron la pérdida de derecho a la jubilación parcial en el personal laboral que se realizaba desde abril de 2017, al pasar a perder la posibilidad de jubilación al 50 por ciento de la jornada al 25 por ciento o directamente la denegación.

Igualmente, alertaron del déficit de empleados públicos dado que las convocatorias realizadas hasta ahora no cubren ni las jubilaciones de los últimos años, ya que, como explicó Ernesto Angulo, en las ofertas públicas de empleo de 2017 y 2018 se convocaron 728 plazas de tasa de reposición (puestos sin ocupar) en la Administración General pero se perderán 642 empleados porque se jubilan 1.370.

De ahí que consideraran los representantes sindicales de CCOO y UGT la “extrema necesidad” de convocatorias extraordinarias de Oferta de Empleo Público porque entre los años 2009-2018 se ha producido una pérdida de 3.277 plazas de trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León, de 87.765 existentes en el primero de esos años a los 84.498 en 2018.

Por último, invitaron a secundar los paros y participar en los actos de protesta convocados el 8 de marzo con motivo de la reivindicación feminista, punto en el que la secretaria de Igualdad de UGT manifestó que el Plan de Igualdad que tiene previsto colgar la Junta en estos días en el Portal de Gobierno Abierto “será una foto borrosa” y tampoco resultará “eficiente ni concreto” ante la “falta de sensibilidad” en la participación social.