Un funcionario de la Comisaría de Segovia se quedaba con las tasas que abonaban los ciudadanos por la renovación del DNI. Así lo creen la Fiscalía Provincial y la Abogacía del Estado, que le acusan de malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y falsedad documental y le piden penas de prisión. La Audiencia Provincial de Segovia acogerá a partir del próximo 14 de junio el juicio, que se celebrará con jurado popular.

Los hechos se produjeron entre enero y septiembre de 2019. Este funcionario, que no forma parte del cuerpo de policía, sustrajo presuntamente alrededor de 2.000 euros en decenas de actuaciones irregulares. Según fuentes judiciales, trabajaba en la oficina de renovación del DNI de la Comisaría de Segovia y se servía de dos métodos para lograr su objetivo. Cobraba tasas que no estaban estipuladas y se las quedaba o, en el caso de que el ciudadano sí que tuviera que realizar algún pago, manipulaba el sistema informático para que no quedara registrado que se había producido un ingreso.

La investigación ha sido llevada a cabo con la máxima discrección. Hasta el punto de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia finalizó las diligencias sin que hubiera trascendido el caso. Pero no es inusual. Una funcionaria de la oficina de expedición del DNI en la Comisaría de Antequera fue condenada en 2018 por la Audiencia de Málaga a un año y seis meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos al apropiarse de las tasas de renovación del documento que cobraba indebidamente.

Prácticas similares a las que llevaron al banquillo de los acusados en 2014 a un auxiliar administrativo de 65 años que estaba empleado en las oficinas de renovación del DNI dentro de la Comisaría de Albacete. En este caso hubo más de treinta afectados y acabó siendo condenado a seis meses de prisión, a pagar multas por valor de 1.446 euros y a estar seis meses sin poder desempeñar su trabajo o cualquier cargo público.

El funcionario que va a ser juzgado ahora en Segovia se enfrenta a su inhabilitación como funcionario y a penas de cárcel que pueden sobrepasar los seis años. La Fiscalía solicita para él un año y ocho meses por malversación de caudales públicos, cinco años por un delito continuado de falsedad documental y una multa de veinte meses por exacciones ilegales. Por su parte, la Abogacía del Estado no contempla la falsedad documental y se limita a acusar por exacciones ilegales (pide una multa de 15 meses) y malversación (un año y seis meses de prisión y multa).

Más de 150 testigos han sido citados para el juicio, que se alargará probablemente hasta el 18 de junio. Será el primero con jurado popular en ocho años en Segovia. Este pasado lunes se iba a celebrar uno, pero las partes alcanzaron un acuerdo. El anterior data de junio de 2013. El tribunal popular consideró culpable de asesinato al hombre que mató a un pastor en el municipio de Aldea Real en el transcurso de una discusión.