La Junta recibió en 2020 dos informaciones recibidas sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración autonómica, a las que se ha dado la tramitación correspondiente.

Según informó hoy la Junta en un comunicado, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha emitido, para su remisión a las Cortes de Castilla y León, el informe relativo a las informaciones recibidas durante el año 2020 en el marco de la ley que regula las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Junta sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública. 

Asimismo, el Ejecutivo indicó que está previsto que esta ley, que ha supuesto un primer instrumento adoptado por la Administración Autonómica en la actuación ante delitos contra la Administración Pública, dé paso a una nueva norma. La Viceconsejería de Transparencia y Calidad de los Servicios lidera los trabajos de elaboración y tramitación de la norma, iniciados en noviembre de 2019, dentro de los compromisos de legislatura de la consejería a la que pertenecen.

El objetivo de la nueva ley es ampliar tanto el ámbito de actuación -y hacerlo extensivo a cualquier irregularidad en la toma de decisiones o el manejo de fondos públicos- como el ámbito subjetivo, de forma que alcance no sólo a quienes intervienen en su gestión desde la administración- ya sea la Administración de la Comunidad y las entidades que integran la administración local junto con todo tipo de entes dependientes o vinculados a ambas administraciones públicas-, sino también a las instituciones básicas y propias de la Comunidad, universidades públicas, partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y cuantas personas físicas o jurídicas pudieran convertirse, a través de los distintos mecanismos jurídicos, en perceptores de fondos públicos.

La norma, actualmente en tramitación, creará la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y establecerá el estatuto de las personas denunciantes, a fin de lograr una adecuada gestión de los fondos y patrimonio públicos y facilitar que cualquier persona pueda dirigirse a la Oficina a través de procedimientos o canales que garanticen la confidencialidad.