La Consejería de Fomento y Medio Ambiente dibujará este año el plan de depuración de aguas residuales en municipios de hasta 500 habitantes equivalentes y espera comenzar su ejecución en esta misma legislatura para cerrar en pocos años el mapa de estaciones. Incluso, su ejecución se podría acelerar en esta legislatura con la llegada de los Fondos de Recuperación y Resiliencia sobre los que en estos momentos se deciden los criterios de reparto.

En todo caso, según informó el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones a Ical, “ninguno de los dos escenarios sería malo”. “Podemos decir que o bien al término de esta legislatura o al inicio de la siguiente habremos llegado al cien por cien del territorio en depuración de aguas. No hay otra comunidad que pueda decir lo mismo”, precisó.

La Junta plantea esos dos escenarios. “Si logramos que los fondos lleguen a ese ámbito, anticiparíamos la consecución de este último escalón, pero si no llegan, favoreceríamos una situación financiera para ejecutarlo entre esta y la próxima legislatura”, insistió. "Es pronto" para determinar el número de instalaciones necesarias, dado que exige un estudio que aún es incipiente. Cada depuradora será la que "técnicamente sea más adecuada y más eficiente". Por tanto, si es idónea se instalarán plantas tipo macrofitas u otras biológicas que pueden carecer incluso de energía eléctrica.

Por el momento, y en base a la Conferencia Sectorial de hace dos semanas, Medio Ambiente recibirá del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia más de 21 millones de euros para actuaciones de saneamiento y depuración.

En todo caso, añadió Suárez-Quiñones, su departamento plantea, en este sentido, mejorar incluso las exigencias que plantea Europa en materia de depuración de aguas residuales, dentro de la aspiración de lograr ese cien por cien en la Comunidad. Un reto que tarde o temprano hay que alcanzar para evitar las sanciones que impone Bruselas y que ya han sido efectivas, con el envío de cartas de comunicación, en el ámbito de depuración de municipios superiores a 2.000 habitantes equivalentes.

Precisamente, el plan actualmente en marcha para los ayuntamientos de entre 500 y 2.000 personas equivalentes “hay que cumplirlo en esta legislatura”. Para ello, Medio Ambiente financia cada obra con un 40 por ciento del coste, mientras que otro 40 lo aportan las diputaciones provinciales y el 20 restante, el ayuntamiento interesado. Sin embargo, Suárez-Quiñones remarcó que las condiciones son beneficiosas para las administraciones más pequeñas, pues la Junta financia a las diputaciones a diez años la cantidad que les corresponde; y los ayuntamientos, a 25 años. En principio, parece que este modelo empleado puede ser "adecuado" para el último tramo, si bien "está sin diseñar". 

Este peldaño actualmente en marcha tiene presupuestados 143 millones de euros de inversión estimada para 300 depuradoras, si bien están sometidas a ajustes técnicos que podrían modificar las partidas, como por ejemplo que un núcleo urbano que contemplaba la construcción de dos depuradas, ahora se hace solo una. Así ocurre, entre otros casos, en Moraleja del Vino y Casaseca de las Chanas, que compartirán una misma instalación. El consejero informó de que son varias las depuradoras en este tipo de municipios que ya han sido adjudicadas.

“Control y vigilancia” al Gobierno

El consejero de Fomento y Medio Ambiente señaló que con la vista puesta en los fondos de Recuperación y Resiliencia la Junta lleva a cabo una especie de “control y vigilancia” al Gobierno central para que los criterios de reparto “no perjudiquen a Castilla y León”, como “ya ocurrió con los REACT”, en los que la Comunidad “fue la que menos cantidad recibió”. “Somos muy críticos y estamos temerosos de que ese paso perjudique a Castilla y León”, reiteró.

En este sentido, se están tramitando estos fondos -que se pondrán en marcha con emisión de deuda- sin haber aún un reglamento europeo, pero se espera que estén listos en febrero. “Se está trabajando muy rápido, aunque no tenemos ni los fondos ni el reglamento que los regula. Entendemos que el Gobierno se encuentra con dificultades a la hora hacer las cosas con fijeza, pero está trabajando bien”, ensalzó el consejero, quien citó, por ejemplo, la celebración de las conferencias sectoriales de Medio Ambiente, Vivienda o Fomento, en lo que compete a su departamento.

Pero ello, matizó, no es razón para “no tener en cuenta que si hay una comunidad con elementos de despoblación, dispersión, extensión y dificultades de prestación de los servicios públicos en la orla exterior, esa es Castilla y León”. Precisamente, añadió, los criterios que Europa pide que se prioricen en el reparto de los 1,81 billones de euros en el viejo continente (cohesión territorial y despoblación, pacto verde y digitalización).

“Tenemos un problema demográfico, somos ejemplo medioambiental y estamos necesitados de digitalización. Entonces, ¿cuál fue el criterio que utilizaron en los REACT? Fue un golpetazo muy importante a nuestra confianza en el Gobierno. Eso afianza la razón para estar muy vigilantes para que no haya favores políticos hacia regiones amigas del Gobierno”, concluyó Suárez-Quiñones.