El cese de la obligación para los taxistas de recoger a clientes únicamente en el municipio que les expidió la licencia tiene fecha de caducidad: el 3 de julio de este año, que entrará en vigor la Ley  9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, que marcará el final de la guerra entre conductores del servicio público de la capital y de los pueblos colindantes.  Según el texto legal, el taxista podrá recoger en otro municipio a un cliente que le contrate previamente, siempre que el punto de regreso sea el del ámbito de su licencia.

Hasta ahora, la normativa provocaba situaciones rocambolescas: viernes por la tarde, un grupo de personas que ha asistido a un encuentro de empresa abandona rápidamente un hotel en término de La Lastrilla para tomar el AVE, llama a la central de radiotaxi de Segovia y le responden  que no pueden enviar los servicios que solicita porque se lo impide la ley.  Ante la dificultad para encontrar taxis suficientes en el municipio de origen –hay tres licencias frente a 58 de la capital–, la única solución para que no pierdan el tren es que acudan andando hasta la parada del urbano, en la carretera de Riaza, ya en término de la capital. Y, al contrario, un taxi provincial acude a recoger a un vecino que llega a la terminal de trenes y se lo impiden los locales. Se han vivido momentos de tensión, principalmente con la crisis, pero la batalla con los VTC está allanando el camino para los acuerdos.

El artículo 48 de la nueva Ley fija para los servicios de taxi que sean objeto de contratación previa entre el titular de la actividad y el cliente, bien directamente bien mediante la utilización de centrales de reserva u otros sistemas telemáticos alternativos,  que «el acceso de las personas usuarias al vehículo podrá efectuarse en distinto término municipal a aquel en el que esté domiciliada la licencia de taxi. En este caso el servicio contratado deberá tener por destino efectivo el municipio en el que está domiciliada la licencia de taxi».  Según algunos profesionales, este artículo acaba con la guerra del taxi de la capital con los de los pueblos,  al menos en cuanto a «no tener rehenes de la legislación a los clientes que se desplazan a los pueblos y que ahora puedan tener distintas opciones para regresar a casa o puedan salir a cualquier hora con el taxi local, o no».

Para el presidente de la Federación de Taxistas de Castilla y León (FecylTax), Roberto Merino,  «es necesario que los taxis puedan atender a la capital y viceversa,  lo suyo es evitar conflictos y que la gente contemple como una opción más para el servicio y que no tengamos tantas trabas y cortapisas como antes de la Ley».

«Lo que hace falta es que [los taxistas] no se vean como enemigos, se unan para intentar dar el mejor servicio posible porque es la manera de conseguir evitar que vengan otros operadores, es el futuro», matiza Merino.

BLANCOS. Parte del artículado de la Ley afectará a los actuales vehículos de los municipios colindantes. En el artículo 43.2 del texto se dice textualmente: «Los vehículos destinados a la prestación de servicios de taxi se ajustarán a las características técnicas, estéticas y de equipamiento que se determinen a través de la correspondiente ordenanza municipal (...) la imagen exterior deberá ser de color blanco, de manera que permita identificar los vehículos que presten servicios de taxi en la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, se hará constar de manera visible en el exterior del vehículo los signos distintivos del ayuntamiento correspondiente». 

Además, los vehículos que presten servicios de taxi sujetos a autorización interurbana, deberán estar equipados con un aparato taxímetro debidamente precintado, homologado y verificado. También deben estar equipados con un módulo luminoso exterior que señale claramente, de acuerdo con la normativa técnica de aplicación, tanto la disponibilidad del vehículo para prestar el servicio como la tarifa que resulte de aplicación. 

Roberto Merino advierte que el taxista contratado deberá llevar una hoja de ruta, pendiente de la oficial que emita la Junta, para que esté identificada la persona a la que vayan a recoger «que esto no sea una selva, aportando datos como punto de origen, destino, hora de recogida y hora prevista de llegada, son unos datos mínimos que el agente de la autoridad puede pedir, por ejemplo, en la estación del AVE si está esperando a alguien, es un tema de seguridad para todos». 

En este sentido, el texto legal señala que «el contrato de transporte deberá documentarse por escrito, sin perjuicio del establecimiento de medios electrónicos para su acreditación y llevarse en un lugar visible del vehículo».  

Pese a esta nueva legislacion, el presidente de FecylTax opina que «no se acaba la guerra del todo pero sí potencia que la creación de áreas territoriales de prestación conjunta para que todos los taxis que están alrededor de la ciudad grande se integren y mejore la movilidad con el servicio de taxi para todos los municipios», como ocurre en Valladolid. De ahí que Merino sea partidario de que, «para el fin total se debería crear un área,  mancomunidades, si son 15 municipios con la capital, al final  todo el servicio de taxis se prestara para ellos».

Preguntado si no se trataría de un agravio comparativo que por una licencia de taxi en Segovia se puedan pagar 180.000 euros por una licencia y en alguno de los pequeños municipios la inversión haya sido de mil, Merino se muestra tajante: «Más agravios comparativos existen con las VTC y ahí están,  no podemos poner cortapisas que despiertan a las VTC, hay que intentar vernos todos como taxistas, prestar el mejor servicio posible para que la gente no tenga que plantearse otras alternativas».

El presidente de la Asociación de Radiotaxi de Segovia,CésarArranz, considera «muy positiva» la nueva Ley, principalmente «para todos los clientes del alfoz o los alrededores, ahora nos quedamos sin dar servicio a Magullo, al Hotel Puerta de Segovia, El Sotillo y zonas limítrofes, donde hay mucha demanda», en su opinión. De momento no habla del área de prestación conjunta porque entiende que tiene una tramitación larga y necesita del consenso de los profesionales del taxi de de los ayuntamientos implicados.

Con esta Ley,  Manuela Jiménez,  taxista de Palazuelos cree que es suficiente y no hay que plantear el área de prestación conjunta, aunque con la introdución del taxímetro cree que pierde el cliente porque ahora paga por kilometraje realizado, y lo del cambio de color penaliza económicamente a algún taxista que deberá pintar al coche.