Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón forjaron una alianza para defender la revitalización del mundo rural y la consideración del problema de la despoblación como una cuestión de Estado. En el transcurso de una cumbre celebrada en Sorias, los tres presidentes autonómicos comenzaron reivindicando que las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, con una densidad de población inferior a 12’5 habitantes por kilómetro cuadrado, tengan una consideración especial en el futuro mapa de ayudas regionales de la Unión Europea.

Los presidentes socialistas Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón) se unieron al popular Fernández Mañueco (Castilla y León) en la firma de un documento-solicitud para que la Unión Europea modifique los criterios para que las tres provincias sean consideradas ‘zonas muy poco pobladas’. No solo eso, más allá de su ideología política, los dirigentes reclamaron también «consecuencias en los presupuestos estatales».

En una rueda de prensa tras la firma del acuerdo, los tres presidentes aseguraron que la alianza está abierta al resto de miembros del foro de comunidades por el cambio demográfico (Galicia, Asturias, Extremadura, Cantabria y La Rioja).

Fernández Mañueco insistió en que los tres gobiernos autonómicos estarán vigilantes para que el Ejecutivo central realice las gestiones oportunas para que Soria, Teruel y Cuenca tengan un tratamiento especial que les permita generar «oportunidades de vida» y revertir su tendencia poblacional.

El presidente de la Junta coincidió con Lambán, según informa Ical, en la importancia que tiene la PAC para revitalizar el medio rural, ya que permite la llegada de «cientos de millones» al sector agrario y agroalimentario, que ha demostrado ser esencial en crisis como la reciente. Y en este sentido, mostró su lealtad al Gobierno de España para defender una PAC ante Europa, ya que «es un sector estratégico».

Asimismo, precisó que herramientas como el plan demográfico y económico para Soria, que ha supuesto invertir 90 millones de ayudas públicas, son eficaces para modificar el saldo poblacional negativo, tal como ocurrió en 2018, cuando no perdió población gracias al impulso público-privado.

Menos cuotas.

García-Page detalló que una de las pretensiones del denominado ‘lobby’ de la despoblación pasa por que se reduzcan en un 20 por ciento las cuotas a la Seguridad Social en este territorios, y adelantó que el documento firmado se enriquecerá con aportaciones de las otras comunidades de la España de interior, que también padecen problemas de despoblación.

«Pedimos con claridad que estas tres provincias, que ya reúnen las condiciones de zonas despobladas puedan tener ventajas fiscales. Se trata de no ver el despoblamiento como un problema y sí como una oportunidad», dijo, para señalar que a lo largo del año se sucederán las reuniones y ya el 14 de julio habrá una con un interlocutor de la UE.

El presidente castellanomanchego abogó por blindar en términos financieros los servicios básicos como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, ya que «se trata de objetivar la prestación de servicios, es decir, las cuentas del Estado del Bienestar».

«El documento tiene que tener consecuencias en la política del Gobierno de España ante Europa. Pedimos que nuestras tres provincias, sin excluir otros territorios de nuestras comunidades y del resto de España puedan beneficiarse de las ventajas fiscales», reivindicó.

El acuerdo, según García-Page, es de largo recorrido y debe, en su opinión, condicionar el debate político en España a corto plazo.

Ventajas fiscales

El presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán, insistió también en la necesidad de que los beneficios fiscales que requieren no comprendan solo estas tres provincias sino que se flexibilicen y puedan aplicarse a otras comarcas, que aunque no cumplen con el criterio de una densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrados, tienen realidades demográficas similares.

Asimismo, subrayó la unidad de criterio entre las tres comunidades que se concreta en un acuerdo «desde el sentido común».

En su opinión, esto demuestra que «hacer España desde el sentido común es más fácil desde las comunidades que desde la capital del reino que a veces evidencia, que hacer país es imposible».