Van cogiendo confianza y recurrentemente a los que denunciamos son los mismos». Roberto López y Félix Martín Magro, jefes de Sección y de la Oficina Técnica, respectivamente, del Seprona de la Guardia Civil de Segovia, analizan los motivos del aumento de las infracciones en la caza con galgos en nuestra provincia que el propio Instituto Armado reveló el pasado 26 de noviembre. Una tendencia al alza que creen que es consecuencia de la falta de efectividad de las sanciones aplicadas hasta ahora, que ha llevado al cuerpo del que forman parte a variar las estrategias para tratar de cortar esas prácticas.

Cuatro personas con edades comprendidas entre los 23 y 69 años está siendo investigadas por un presunto delito contra la protección de la flora y la fauna. Recientemente fueron sorprendidas por agentes mientras cazaban furtivamente liebres con galgos en un terreno cinegético especial –en un coto de caza– ubicado en la localidad de Miguel Ibáñez. Se encontraban practicando esta disciplina en un día no hábil –un martes–, sin la autorización administrativa pertinente y sin seguro. También hace pocas semanas la Guardia Civil detuvo a dos personas y logró identificar más tarde a otras dos que estaban cazando furtivamente en un coto de Cantimpalos.

Lo más habitual es que este tipo de infracciones se salden con una multa. La caza de liebre con galgo está regulada en la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León y en los apartados 1,2 y 4 del artículo 335 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. Su incumplimiento puede acarrear multas desde 100 euros –en el caso de las vulneraciones consideradas leves– y hasta 78.077,48 euros en las muy graves. «Ocurre, sin embargo, que los denunciados suelen ser personas sin recursos que se declaran insolventes, que por tanto no llegan a pagar la multa y que no tienen problema en volver a hacer lo mismo», señala el jefe de Sección del Seprona.

Roberto López y Félix Martín Magro, responsables del Seprona en Segovia. - Foto: DS

Las quejas de otros cazadores, de los propietarios de los cotos y de los agricultores se han multiplicado. «Cada año hay más», remarcan los responsables de la Guardia Civil, que realizan un seguimiento «continuo» de la actividad cinegética en la provincia de Segovia para «proteger estos recursos y el equilibrio racional de los ecosistemas naturales y para evitar perjuicios a quienes realizan el deporte cinegético con los requisitos, documentación y permisos pertinentes». En este 2020, hasta diciembre, el Instituto Armado había denunciado 223 infracciones de caza y había detenido o investigado a ocho personas que después han sido puestas o han pasado a disposición judicial.

Las infracciones más frecuentes son la falta del permiso del titular del coto y la ausencia de licencia de caza. Alrededor de un 80 por ciento están relacionadas con los galgos y las liebres y se concentran principalmente en esta época del año. «De octubre a diciembre. Este mes es el más fuerte y más si hace un tiempo como el que hemos tenido hasta hace solo unos días. Seguro que acabamos el año superando las 300 infracciones», comenta el jefe de la Oficina Técnica del Seprona, que más allá de la pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión social no se atreve a definir un perfil muy concreto del cazador furtivo: «Es que nos hemos encontrado desde chicos de 20 años a gente de 69. En lo que sí coinciden casi todos es en que les encanta la caza».

Detrás de estas prácticas no suele haber un componente económico sino mayoritariamente lúdico. «No se cobran las presas porque las necesiten para comer, aunque luego se las lleven y se las coman, sino simplemente porque les gusta la caza», destacan los responsables del Seprona, quienes reconocen que algunas de las infracciones detectadas también se deben a que «a veces sí que tienen autorizaciones de un coto, son socios, y se van pasando a otros limítrofes».

Un agente de la Guardia Civil examina un galgo durante una intervención reciente. - Foto: DS

La Campiña segoviana, precisamente donde se sitúa la penúltima localidad donde fue ‘pillado’ un grupo de personas mientras llevaba a cabo prácticas ilegales, encarna el escenario preferido por los cazadores furtivos con galgos para dar rienda suelta a su afición al margen de las normas marcadas. «Estimamos que en la zona de Santa María la Real de Nieva y alrededores, por la orografía, por los cultivos y porque se desarrolla más la liebre, es donde más suele haber», aseveran los jefes de Sección y de la Oficina Técnica del Seprona.

Al menos las reacciones de los infractores al ser pillados no acostumbran a ser violentas y, en el marco de estas actuaciones,  no subyace una problemática de maltrato animal. «A los galgos les cuidan como a ellos mismos», aseguran estos portavoces de la Guardia Civil de Segovia. «En principio los animales presentan un buen aspecto. Sí que es cierto que, en algunos de los lugares en los que los dejan, hay cierta falta de higiene. Pero no para llegar a que los animales sufran un grave peligro o un maltrato. La mayoría los tienen muy bien cuidados», añaden. La costumbre de abandonarlos al final de la temporada ha quedado desarraigada afortunadamente en la provincia de Segovia entre estos colectivos, que eso sí es más frecuente que incumplan algunas de las directrices obligatorias para el cuidado y mantenimiento de perros. «Tampoco tenemos constancia de que los empleen para otras cosas, como peleas. Algunas veces es verdad que no tienen la cartilla de vacunación al día o carecen del chip identificativo», remachan estos responsables del Seprona segoviano.

PREOCUPACIÓN. La operación ‘Tanatoc’, llevada a cabo por la Guardia Civil en Extremadura hace ahora un año contra 12 personas vinculadas con la muerte de hasta 46 galgos a manos de un veterinario durante tres años, porque no cumplían con sus expectativas de caza, constituye una llamada a permanecer alerta, pero ahora lo que más preocupa al Seprona de Segovia es atajar ese aumento de las infracciones en la caza de liebres con galgos. En la vía administrativa, sus responsables proponen medidas más coercitivas, como la retirada de los animales, pero también se muestran partidarios de explorar otros caminos y ya han comenzado a hacerlo.

La Guardia Civil de Segovia ha intensificado las actuaciones que desembocan en el ámbito penal, a pesar de su mayor dificultad. «En los casos más graves y cuando encajan en el tipo, los desviamos a la vía penal. Según vayan saliendo las sentencias veremos si están funcionando en ese sentido o no. Se abren otras posibilidades porque implica que, aunque la persona no sea solvente económicamente para afrontar los pagos de las multas, el juez sí que puede tomar otras medidas, como la retirada de la habilitación para la práctica de la caza», tercia el jefe de Sección del Seprona Roberto López. «Si se lo retiran y lo ejercitase sería un delito de quebrantamiento de condena. El inconveniente para llevarlo al ámbito penal es que hay que cogerles con la pieza de caza. Aunque estemos muy encima, es muy díficil. Intentamos llevarlo lo más atado posible para que el juez valore que sí existe un ilícito penal», concluye.