Según fuentes judiciales la denuncia la ha presentado MGS en su nombre y en el de otros perjudicados que siguen personándose en sede judicial, además de acudir al asesoramiento de letrados, por lo que podrían sumar ya más de 70 personas, algunos militares. El procedimiento sigue en fase de instrucción después de que hayan prestado declaración dos investigados, vinculados con el suboficial, que fue encontrado muerto junto al arma al ir a ser relevado de una guardia en la antigua Base Mixta, el pasado enero. El juzgado que investigó este suceso archivó la causa al no haber encontrado participación de terceros.
Asimismo, sigue la fase de instrucción con declaraciones de testigos y de perjudicados que, solo en el Juzgado, hasta ahora, se han contabilizado medio centenar. No es posible conocer la cantidad de lo posiblemente estafado hasta que no se conozca el número exacto de las personas afectadas y las cantidades que aportaron a planes de inversión, con intereses por encima de lo que ofrecían otras entidades.
Los pagos se realizaban a través de ingresos bancarios o incluso entregados en mano. En una cifra inicial se podría hablar de cuatro millones de euros, pero se sabrá cuando hayan aportado su documentación todos los afectados, ya que en alguna ocasión estaba manipulado el justificante del ingreso bancario y también el contrato de la entidad de seguros. Los afectados son familias de clase media o media baja, aunque se llegaron a "invertir" desde 30.000 a 150.000 euros, incluso hasta 300.000, generalmente para ahorrar ante cualquier contigencia o los estudios de los hijos.
Además de la estafa, entre los delitos podrían fijarse uno de falsedad en documento público y otro de falsedad en documento mercantil. Los investigados, la viuda y el sobrino del suboficial, han asegurado que no conocían este presunto fraude y se lo atribuyen al difunto. La compañía afirma que no percibió ningún comportamiento anormal y que la vida del matrimonio no hacía sospechar nada.
MGS conoció la situación que ha denunciado después de que, la misma tarde del fallecimiento del militar, en su oficina de la calle Fernández Jiménez se recibieron varias visitas de personas que se interesaban por unos contratos de seguro, que supuestamente habían formalizado con esta compañía. Los investigados y el agente de seguros fallecido operaban en una oficina ubicada en el barrio de La Albuera, actualmente cerrada.
Uno de los abogados personados en la causa, en representación de una docena de afectados, Pedro Arahuetes, desconoce a cuánto puede ascender el volumen económico de la estafa, que tendrá que esclarecer la investigación, aunque considera que “estamos hablando de una cantidad millonaria”. “Afecta a muchísimas personas -afirma- y ahora hay que investigar quien o quienes están detrás de esta operación”.
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