La cigüeña atajó por Kiev

Sergio Arribas
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Naiara tiene cuatro años y nació en Ucrania por gestación subrogada, una práctica ilegal en España. Enrique y María viajarán en unos días al país del este para asistir al nacimiento de su hija Lucía. Eduardo y Alberto iniciarán el proceso en EE.UU.

Cristóbal y Beatriz, con su hija Naiara. - Foto: Rosa Blanco

Cristóbal y Beatriz, matrimonio residente en San Cristóbal, tienen estos días su mente puesta en Ucrania, un país que les es muy familiar, desde que hace cuatro años naciera allí por vientre de alquiler su hija Naiara. La práctica, también conocida como gestación subrogada, supone que una mujer gesta y pare un bebé y cede la paternidad y/o maternidad a terceros. No está autorizada en España, lo que no es óbice para que, cada año, cientos de parejas españolas, como este matrimonio segoviano, se pongan en manos de abogados, clínicas y agencias intermediarias, para cumplir el sueño de ser padres al amparo de alguno de los países donde la práctica es legal, con requisitos más o menos restrictivos, como Ucrania y Estados Unidos, países que acaparan la mayoría de menores españoles nacidos de ‘vientres de alquiler’.

Pesa la indignación en Beatriz y Cristóbal tras conocer el «cambio sobrevenido de criterio» del Gobierno español, que dejó atrapadas a 39 familias españolas en Ucrania, incapaces de inscribir en la Embajada de España en Kiev a los recién nacidos para poder regresar a España. 
La pareja segoviana no tuvo en su día demasiados problemas. Acompañados por la madre que gestó al niño, presentaron en el consulado toda la documentación, incluida una prueba de ADN que certificaba que la carga genética de Naiara y de Cristóbal coincidían. El bebé lograba, de esta manera, su filiación y pasaporte español. Ya en España, con un escrito de renuncia de la gestante, Beatriz fue reconocida como madre adoptiva.

Con esta fórmula, que no ampara ningún documento oficial, la Embajada de España en Kiev inscribía a los bebés como españoles, pese a que el Ministerio de Exteriores desaconsejaba desde 2016 viajar a Ucrania para realizar una práctica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a comparar con el «tráfico de órganos».
El Ministerio de Exteriores anunció el 19 de febrero que la Embajada en Kiev no iba a abrir nuevos expedientes de menores nacidos por vientre de alquiler, después de que Justicia anulara el sábado anterior una instrucción que permitía la inscripción en este país con pruebas de ADN. El Gobierno sí reconoce a los hijos nacidos de gestación subrogada, según una instrucción de 2010, aprobada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, aunque solo si existe una decisión judicial previa sobre filiación en el país donde se lleva a cabo el proceso. Sucede en países como Estados Unidos, aunque no en Ucrania, donde nunca se ha exigido y no se puede conseguir. A partir de ahora los bebés saldrán con pasaporte ucraniano.

Cristóbal y Beatriz, con su hija Naiara.Cristóbal y Beatriz, con su hija Naiara. - Foto: Rosa Blanco

«Es una discriminación. Deben sentir mucha impotencia. Son hijos de españoles, por eso se entregan las pruebas de paternidad», sostienen Beatriz y Cristóbal, una de las doce familias segovianas —dato que manejan asociaciones como ‘Son Nuestros Hijos’— que en los últimos años han acudido a la gestación subrogada.

En su viaje de novios, Beatriz sufrió una perforación del tímpano. Una resonancia le detectó una malformación en la cabeza y le diagnosticaron la imposibilidad de quedarse embarazada. Tras descartar la adopción, que exige una espera mínima de ocho años, en un foro de internet recogió la experiencia de familias que tenían hijos nacidos por vientre de alquiler. Estados Unidos ofrecía las mayores garantías, pero les era inalcanzable por una mera cuestión económica. 
Un foro de internet, de padres que habían vivido la experiencia en Ucrania, disipó temores. Viajaron a Kiev y visitaron una clínica especializada. Trajeron los contratos a España, que fueron supervisados por una de las mayores expertas en legislación sobre gestación subrogada, la abogada Ana Miramontes, que ha asesorado a media docena de familias segovianas. 

«Nos aseguramos de que nadie pudiera ser engañado», dice Beatriz, que comenta cómo en Ucrania el proceso es autorizado siempre que la pareja sea heterosexual, que un médico certifice que la madre no puede gestar y que el varón acredite que es un hombre fértil.
Hicieron tres viajes — el segundo fue para depositar la muestra del esperma— antes de que la gestante se quedase embarazada. El éxito llegó al tercer intento. Había transcurrido un año, con dos intentos fallidos y un cambio de mujer gestante, por indicación médica. «Puedes elegir a la mujer gestante y, si lo quieres, entrevistarte con ella, para ver qué sensaciones te da. Pero ella también te elige, que conste. Con la primera tuvimos mucho feeling, no tanto con la segunda, aunque el final fue perfecto», señala Cristóbal.

Eduardo y Alberto iniciarán el procedimiento en Estados Unidos.Eduardo y Alberto iniciarán el procedimiento en Estados Unidos. - Foto: Rosa Blanco

Los futuros padres tuvieron la oportunidad de realizar un seguimiento del embarazo, a través de fotografías, ecografías e informes. «Lo malo —dice el padre de Naiara— es que tú demandas mucha información y ellos te dan lo justo. Solo te dicen ‘va bien’. Es un proceso que sigues a miles de kilómetros y te tienes que fiar de lo que te dicen. Es mucha ansiedad».

El matrimonio cumplió todas las pautas exigidas, amparadas por la ley ucraniana, como la de pagar los gastos de la gestante a lo largo del embarazo, de ropa y manutención, además de unas mensualidades y la entrega de una cantidad final, pactada por contrato, en el momento de dar a luz.
«Nunca le habré pagado todo lo que debería», sostiene Beatriz, que rechaza los argumentos de los detractores de esta práctica, que ponen sobre la mesa la «mercantilización del cuerpo de la mujer» y los «abusos» que sufren las mujeres gestantes. «Nosotros no hemos hecho daño a nadie, ni hemos comprado el cuerpo de nadie. Eso de ‘nosotras parimos, nosotras decidimos’, lema para defender el aborto ¿por qué no vale también para la gestación subrogada? Los requisitos son exigentes, para nosotros y para la gestante, y es una práctica regulada y legal en Ucrania. Es precisamente la regulación la que impide cualquier abuso», señala la madre de Naiara.

Cristóbal y Beatriz prefieren no desvelar cuánto han gastado para tener a su hija. No son solo los gastos de la clínica, del cumplimiento del contrato. Alojamiento, comida y transporte agrandan la factura. Deslizan que pidieron un crédito bancario y que recibieron ayuda de su familia. 

Esfuerzo económico. «Requiere un gran esfuerzo económico. Nuestra necesidad era ser padres y te da igual lo que cueste, te privas de muchas cosas, pero merece la pena», apunta Cristóbal, mientras mira a Naiara, que acaba de cumplir cuatro años y parece una muñeca. Pelo rubio, con tirabuzones y ojos azules. «Es inquieta, pero muy buena», comenta su padre. Nació el 25 de febrero de 2015 y, menos de un mes después, el 23 de marzo ya tenía su pasaporte español.

Alberto Espejo y Eduardo Chaperón se casaron hace un año y medio y ya tienen decidido acudir a la gestación subrogada para ser padres. Lo harán en Estados Unidos por ser el único país, junto con Canadá, que no excluye a las parejas homosexuales. En 14 estados americanos esta regulada la práctica de la gestión subrogada con supervisión judicial. 

La instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado, de 2010, regula la inscripción de menores nacidos por vientres de alquiler allí donde se pueda obtener una resolución judicial, caso de Estados Unidos, parte de Canadá y Grecia. El hijo se inscribe en el consulado y se regresa a España con todo el proceso culminado para uno de los padres concomitante. El otro miembro de la pareja debe solicitar la adopción.  «En Estados Unidos el sistema es muy garantista tanto para la mujer gestante como para los bebés», explica Eduardo, abogado de profesión, que admite que el coste económico puede ser superior a Ucrania, aunque «no porque haya una compensación de gastos distinta para la mujer gestante —está entre los 20.000 y 30.000 euros— sino porque hay que asumir el pago del sistema de salud y de seguros americano», de coste superior al que rige en los países europeos.

Por «convicción». Eduardo, con raíces en la localidad segoviana de Escalona del Prado, y Alberto, madrileño, que ya han elegido la clínica americana a la que acudirán, rechazan que la gestación subrogada suponga abusos contra la mujer o mercantilización de su cuerpo. «Contra eso estamos todos. Yo no quiero que la mujer gestante de mi hijo lo haga por necesidad ni porque esté explotada, sino convencida de que realiza un gesto de generosidad hacia una familia que quiere tener hijos y no puede», explica Alberto. «La gestante pasa un examen psicológico y de su estado de salud y solo se autoriza si queda demostrado que lo hace por convicción y no por una compensación económica», añaden.

El abogado censura el término ‘vientre de alquiler’, que considera «despectivo y vulgar». En alusión a las manifestaciones de varios miembros del actual Gobierno español, Eduardo sostiene que «es reprochable utilizar un altavoz institucional para atacar un modelo de familia que tiene consecuencias en los niños en los colegios a través del bullying». Y añade: «¿Es mercantilizar el cuerpo de un hombre cuando dona semen a cambio de una cantidad económica? Hay mucha hipocresía». 

Ambos consideran que la sociedad española no está en contra de la gestación subrogada y que urge una regulación de esta práctica para que la mujer pueda decidir libremente sobre su cuerpo «con todas las garantías».

 

Enrique y María: «Viajamos a Kiev en unos días. Nuestra hija Lucía nacerá el martes»

Tienen la maleta y los billetes preparados para viajar a Ucrania. Su hija Lucía nacerá de una mujer gestante el martes. Aunque la noticia es ya conocida por familiares y amigos, prefieren no desvelar su identidad ni aparecer en una fotografía, para que los abuelos del futuro padre, se enteren por él y no por este reportaje. La reciente negativa de la Embajada de España en Kiev a autorizar nuevos expedientes de menores nacidos por vientres de alquiler no les disuade en su propósito. «Nos da igual lo que digan tres políticos que no velan por nosotros. Tenemos un sueño por el que luchamos desde hace más de diez años y vamos a por ello», comenta Enrique —nombre ficticio—, que reconoce que tanto él como su pareja han vivido «con enorme ansiedad» los recientes episodios de las familias atrapadas en Ucrania. 

«Han sido días en los que no hemos olvidado de nuestra hija y nos sentimos hasta culpables. Al final hemos sido fuertes y nada puede enturbiar nuestra ilusión», dice María, consciente de que la niña, salvo sorpresa, regresará a España con pasaporte ucraniano y «los trámites burocráticos serán más largos y costosos» aunque «una vez que tengamos a Lucía en nuestros brazos, que venga lo que sea». 

Anuncian que irán a la Embajada, con la prueba de ADN que acredita que Enrique es su padre. «¿Qué diferencia hay entre mi niña y la niña que nació hace dos semanas? ¿Por qué la que nació hace unos días es española y la mía es ucraniana? Es una discriminación absoluta», afirma.
La pareja solo tuvo que viajar una vez al país del este. El embarazo se consiguió a la primera. Conocen a la madre gestante y quieren seguir teniendo relación con ella. «Para nosotros es un ángel, nos va a dar lo más bonito del mundo», afirma Enrique, que no pierde la oportunidad de dirigirse a quienes estos días han rechazado la gestación subrogada. «Solo les deseo que ójala no tengan que pasar por lo que nosotros hemos pasado».


Ana Miramontes : «Mientras no haya regulación, puede haber abusos» 

Uno de los argumentos que esgrimen los partidos y plataformas que se oponen a la gestación subrogada hace referencia al «abuso» que pueden sufrir las mujeres gestantes, avocadas a «alquilar» su cuerpo por una necesidad económica. «No voy a ser yo la que niegue que puede haber abusos sobre las mujeres (…) es una realidad contra la que nosotros también luchamos», señala Ana Miramontes, abogada experta en gestación subrogada. «Mientras no haya regulación, puede haber abusos y situaciones como las que denuncian las ministras», explica Miramontes, asesora de la asociación ‘Son Nuestros Hijos’. La letrada no considera una temeridad obviar una práctica que en España es ilegal. «Yo no entiendo que sea ilegal, desde el punto de vista que hay un artículo de la Ley de Reproducción Asistida que dice que será nulo el contrato, pero no declara su ilegalidad ni posibles sanciones en relación al proceso», apunta la abogada, que habla de que existen toda una serie de sentencias de los tribunales españoles que reconocen los efectos de los contratos de gestación subrogadada.

Miramontes, que ha asesorado al menos a seis familias segovianas, aconseja a las parejas que sopesen la opción de la gestación subrogada «que se informen, asesoren, se mentalicen y, si puede ser, estén acompañados, porque van a vivir un carrusel de emociones». 

Ciudadanos ha planteado una proposición de ley para regular la gestación subrogada en España. Lo plantea como una práctica ‘altruista’, que contempla pagos por gastos de embarazo y parto a las mujeres gestantes, que deben haber sido madres con anterioridad, tener más de 25 años y demostrar una situación económica estable. En su opinión, esta propuesta «es valiente, aunque habría que mejorarla con las aportaciones de todos».