La exclusión financiera se está convirtiendo en un problema de primera magnitud en el medio rural de Castilla y León donde los procesos de concentración, la digitalización, el cambio del modelo de negocio por los bajos tipos de interés y la falta de rentabilidad con la despoblación están dejando sin sucursales a la inmensa mayoría de los municipios, con un especial impacto sobre la población más envejecida. Algunas entidades mantienen unidades móviles o cajeros pero la tendencia al abandono de las zonas despobladas es imparable y son las propias diputaciones provinciales desde lo público las que están impulsando fórmulas para que no se pierda este servicio básico.
Los datos que maneja el Banco de España recogidos por Ical, son demoledores, ya que la Comunidad, contaba el año pasado con 1.660 oficinas operativas, lo que supone un 45,4 por ciento menos que hace diez años y el cierre de 1.383 establecimientos en una década. Sólo en 2020, el año de la pandemia, se clausuraron en Castilla y León, 179 oficinas bancarias, con una merma porcentual del 9,7 por ciento.
Todas las provincias sufrieron de forma intensa el proceso, con Palencia a la cabeza de los territorios en pérdida relativa de sucursales, con un 53,4 por ciento, hasta 102 el año pasado. Soria se situó como la menos dañada, con un descenso del 34,5 por ciento, hasta sólo 91 oficinas en toda la provincia. Además, Zamora (127 oficinas en 2020), perdió el 49 por ciento; Valladolid (304), el 48 por ciento; Ávila (113), el 46,9 por ciento; Burgos (278), el 46,7 por ciento; Salamanca (214), el 45,3 por ciento; León (312), el 40,7 por ciento; y Segovia (119), el 40,2 por ciento.
Municipios excluidos
Este proceso deriva en que sólo 410 municipios contaban el año pasado (a septiembre), según la base de datos del BCE analizada por Ical, con servicio bancario presencial en oficina, lo que supone que el 81,8 por ciento de las 2.248 localidades de la Comunidad, ya no tiene. En concreto, la provincia con más municipios con oficina bancaria era León, con 64, con lo que el 69,7 por ciento de sus 211 localidades carecía de estos establecimientos; seguida por Valladolid, con 51 de 225, que sitúan el porcentaje de exclusión en el 77,3 por ciento.
En el extremo opuesto se situaron Ávila y Palencia, con 33 y 27 municipios con oficina, lo que supone que no disponen de sucursal el 86,7 y el 85,9 por ciento, de sus 248 y 191 localidades. Asimismo, la exclusión financiera alcanzó al 84,4 por ciento de los municipios en Burgos (sólo 58 de 371 contaban con oficina); 83,4 por ciento en Salamanca (60 de 362); 82,5 por ciento en Soria (32 de 183); 81,9 por ciento en Zamora; y 80,9 por ciento en Segovia (40 de 209).