El sindicato UGT ha demandado el compromiso político para la puesta en marcha de forma inmediata de la categoría B para los empleados públicos que tienen formación de técnicos superiores, pero que en la práctica laboral están englobados en la categoría profesional C1. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, ha asegurado este viernes que esta situación afecta a 2.549 empleados públicos en Castilla y León, sin contar al personal de ayuntamientos y diputaciones. Pérez añadía que en concreto afecta a 1.100 agentes medioambientales en activo y en Sacyl a 1.449 personas. A ellos se debería sumar los técnicos de ayuntamientos y diputaciones. Por su parte, el secreatrio General de FSP-UGT Segovia, Miguel Ángel Mateo, ha apuntado que en Segovia esta situación afecta a 193 técnicos superiores.

Se trata de una vieja demanda, han recordado, ya que este Grupo B se creaba hace 12 años en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, pero aún no se ha plasmado en las categorías de los empleados públicos.

Desde UGT insisten, la Junta de Castilla y León tiene contemplado "sobre el papel" esta categoría en un decreto Ley que en la práctica laboral no está en marcha.

Perjuicios económicos

Esta situación, han explicado, conlleva importantes perjuicios económicos para estos empleados públicos, que cobran 9.170 euros anuales dentro del grupo C1, mientras que su salario sería de 10.676 euros si se les actualizase la categoría a la B. Además los topes de los complementos salariales también son inferiores en la categoría C1, con respecto a la B.