El paro femenino en Castilla León se ha reducido un 22,6 por ciento en el último año, según el VI Informe #Empleoparatodas elaborado por Fundación Adecco. Por edades, el descenso no ha sido uniforme, ya que entre las mayores de 55 años se redujo apenas un 9,6 por ciento (un incremento de su tasa de actividad que no va acompañado de la consecución de un puesto de trabajo, el paro de larga duración o el envejecimiento de la población) y entre las mujeres de 16 a 19 años registró un incremento del 35,7 por ciento.
Asimismo, en Castilla y León, el índice de pobreza y/o exclusión social de las mujeres es superior al de los hombres, alcanzando al 19,1 por ciento, mientras que el de ellos alcanza al 17,8 por ciento.
Además, se contabilizan 11.300 desempleadas de más de 55 años y ya representan el 17,3 por ciento del total de paradas, frente al 5 por ciento que suponían en 2008 (cuando eran 3.800). Por el contrario, a nivel general, el del desempleo femenino, con respecto a tiempos precrisis ha descendido un 13 por ciento. Así, la fuerza laboral femenina senior (mayores de 55 años) ya representa en Castilla y León el 17,3 por ciento del total de desempleadas, frente al 5 por ciento que suponían en 2008.
“Las desempleadas mayores de 55 años están especialmente expuestas al riesgo de pobreza y/o exclusión. Es habitual que exista un desajuste entre sus competencias y las demandas del mercado, pero sobre todo, siguen pesando mucho los prejuicios y estereotipos que las relacionan con profesionales obsoletas y las conducen directamente al descarte en los procesos de selección”, destaca el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.
Las mujeres con discapacidad también están especialmente expuestas a la pobreza: a pesar de que su contratación en Castilla y León se ha incrementado un 16,7 por ciento durante el último año, su índice de pobreza general se ha incrementado hasta el 31,5 por ciento. Su concentración mayoritaria en empleo protegido (Centros Especiales de Empleo) no les preserva de la pobreza, sino que puede ensanchar la brecha con el resto de los profesionales. Además, “la salida de la crisis ha tenido efectos que, a largo plazo, han supuesto un empeoramiento de la calidad de vida de las personas más vulnerables: pérdida de protección para desempleados, reducción prestaciones no contributivas, etc”, según comenta Mesonero en un comunicada recogido por Ical.
Las mujeres al frente de una familia monoparental ven disparado su índice de pobreza hasta el 47,9 por ciento. En Castilla y León, un 43 por ciento de ellas no tiene trabajo, mientras que un 17 por ciento afirma tener algún tipo de ocupación, pero sin contrato.
Por último, en 2017, los juzgados españoles recibieron un total de 166.260 denuncias por violencia de género, un 5.410 de ellas en Castilla y León, la cifra más alta desde que el Consejo General del Poder Judicial contabiliza los datos. “La progresión de denuncias podría considerarse positiva, en la medida en que cada vez afloran más casos de violencia, pero al mismo tiempo visibiliza el gran peso que sigue teniendo esta lacra en nuestra sociedad. Las empresas y poderes públicos tenemos la gran responsabilidad de dar respuesta a la cada vez mayor masa de mujeres que piden ayuda, a través de políticas activas de empleo y de no discriminación que garanticen un acceso continuado y sostenible al mercado laboral”, recalca Mesonero.