El vicepresidente de la Diputación y exsecretario del Consejo de Administración de Caja Segovia, Miguel Ángel de Vicente, sostuvo hoy, en su declaración como testigo ante la Audiencia Provincial, que el plan de prejubilaciones de la entidad no fue creado “ad hoc’ para los integrantes del comité de dirección sino para todos los empleados de la Caja, ya que de este sistema se beneficiaron más de más de un centenar de trabajadores.
A lo largo de su declaración, en una sesión matinal que se prolongó durante más de cinco horas, Miguel Ángel de Vicente sostuvo que había “una relación de confianza” entre los consejeros de Caja Segovia y los directivos por lo que “no dudábamos de lo que se trasladaba”, en las reuniones del Consejo de Administración, ni “teníamos motivos por los que dudar”. Además, a preguntas de los abogados, el vicepresidente de la Diputación resaltó que respetaba el sueldo de estos directivos.
Para de Vicente, siempre hubo “bastante supervisión”, tanto de carácter interno como externo, de las cuentas de Caja Segovia, ya que pasaban a la Consejería de Economía de la Junta y el Banco de España. A las preguntas del abogado de IU, Alberto López Villa, que siguió con su estrategia de intentar demostrar la mala situación financiera de la entidad, el exsecretario del consejo afirmó que no existía una preocupación “más allá” del contexto de crisis en el que encontraba España.
Sobre las prejubilaciones, de Vicente sostuvo que se hablaba “en términos porcentuales” pero “no de cantidades concretas” y que las modificaciones que se hicieron estaban basadas en la adecuación y cumplimiento de una directiva europea. Además, toda la información pasaba por los órgano de control y de supervisión.
Miguel Ángel de Vicente afirmó que, tras la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2011, mantuvo la misma posición que había tenido siempre aunque hubo “determinados miembros” que mostraron “desacuerdo con lo aprobado” anteriormente y que “con todo respeto, se rasgaron las vestiduras”.
Beneficios en tiempos de crisis
En una línea parecida a Miguel Ángel de Vicente fue el testimonio del exconsejero y, en esos años, presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Pedro Palomo, remarcando que los directivos de Caja Segovia eran “profesionales de banca con acreditaba solvencia” y “gozaban de la confianza del consejo”. Palomo explicó que, al entrar en la Caja muy a finales de 2007, pidió que se explicara el plan de prejubilaciones, aprobado un año antes, y no le pusieron ningún problema para exponerle cómo era “el marco” de este plan “para el equipo directivo”.
El expresidente de FES y actual presidente de la Cámara de Comercio contestó al abogado de la Fundación Caja Segovia que “no era consciente” de que, a finales de 2010, llegaran 121 millones de euros en ayudas públicas del FROB para el Banco Financiero y de Ahorro, pero sí hizo referencia al informe de Analistas Financieros Independientes (Afi) que situaba a Caja Segovia y Caja La Rioja con “mejor ratio de solvencia”,
Pedro Palomo argumentó que a pesar de que la crisis ya llevaba varios años instalada en España, Caja Segovia, seguía teniendo unos resultados positivos y dando beneficios, con 37 millones de euros en 2000 y 16 millones en 2010. Un descenso que Palomo achacó a un cambio legislativo en las dotaciones y previsiones de las entidades de ahorro para la cobertura de contingencias.
El exconsejero de Caja Segovia insistió en que la exposición de la entidad a otros sectores, como el inmobiliario, no era elevada e incluso por debajo de cajas de su mismo tamaño. Además, destacó que la ratio de morosidad de Caja Segovia era de las más bajas de la banca española y “por debajo de la media”. Para Pedro Palomo que la Caja tuviera en 2010, casi 20 millones de beneficios no le chocó precisamente como algo negativo y “su situación era muy buena” en comparación con otros socios del SIP de Caja Madrid.
El expresidente de FES también declaró que las cuentas de Caja Segovia y del resto de entidades fueron auditadas por la prestigiosa firma KMPG, por lo que no tuvo dudas de la salud del resto de cajas que se integraron por si lo hubiera visto, “lo hubiera manifestado” y “habría votado en contra de entrad en el SIP”.
En cuanto al plan de prejubilaciones, Pedro Palomo recordó que no se daban cantidades individualizadas, que se habló de una póliza de renta diferida, pero no de la cifra concreta de 17 millones de euros. Además, como miembro de la comisión ejecutiva, Palomo dejó claro que no hubo intervenciones en contra de los acuerdos sobre las retribuciones de los directivos.