Aunque no ha verbalizado una decisión en firme, el Gobierno sí que ha comenzado a tantear el terreno ante la posibilidad de llevar a cabo una congelación del sueldo de los empleados públicos que se incluiría en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, lo negó después de que ‘El País’ publicara que el Ejecutivo contemplaba esa opción y Podemos se ha expresado en contra, pero los ministros de Economía y Seguridad Social se han encargado de subrayar que los funcionarios han ganado poder adquisitivo. Esta mismo lunes José Luis Escrivá remarcó que su masa salarial ha crecido en los últimos dos años un 8,5 por ciento y que se espera una inflación muy baja para 2021.
Esos mensajes han sido recibidos con desconfianza por el colectivo afectado en este caso. También en Segovia, donde el presidente de la Comisión Gestora de CSIF, José María Guerro, ha pedido a través de El Día de Segovia que los funcionarios «no sean la caja recurrente cuando hay un horizonte de crisis». Recuerda que el Gobierno de Zapatero ya les aplicó un recorte «de entre un cinco y un diez por ciento en 2010» y que la pérdida de poder adquisito real de los últimos años se sitúa en torno al veinte por ciento. «La ministra Nadia Calviño solo ha tenido en cuenta los dos últimos años, pero antes ya llevábamos muchas congelaciones».
En Segovia, el conjunto de empleados públicos roza las 12.000 personas. «Representa un porcentaje alto respecto al total de trabajadores y si recortas sus sueldos, supone que haya menos consumo y menos capital circulante, es decir, ingresos para las administraciones públicas a través de los impuestos», argumenta Guerro, que además considera que durante la pandemia «lo han dado todo y no es que no se haya agradecido, pero no se ha tenido en cuenta más allá de algunas gratificaciones en ciertos sectores».
Satse, que representa a las enfermeras, precisamente uno de los colectivos que más carga de trabajo ha soportado, ha avisado de que una congelación salarial iría «en contra» de lo reflejado en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España a la hora de reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud través de la mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal sanitario. Por su parte, CCOO ha calificado como un «jarro de agua fría» que el Gobierno esté estudiando esta congelación salarial.