La previsible finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo encamina a España a una situación de incertidumbre que no es nueva, en cuanto que deja en manos de los tribunales la ultima palabra para avalar las restricciones adoptadas por las comunidades autónomas ante una pandemia con los datos al alza.
«Queremos que el 9 de mayo sea el punto final al estado de alarma», apuntó el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya intención es no prorrogar esta herramienta constitucional, por lo que, en principio, dejarían de tener efecto las restricciones de movilidad, como el toque de queda o los cierres perimetrales, al no existir una legislación actualizada que sirva de plan b al marco jurídico que ampara la alarma.
Ese fue el debate entre los expertos que se abrió hace meses y que aun hoy continúa vigente, pues es de prever que se vaya a generar las mismas polémicas que en el pasado verano y otoño cuando, por ejemplo, un juez de Madrid tumbó las medidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso -entre ellas, el confinamiento perimetral y las restricciones de horarios comerciales en una decena de localidades- que, poco después, fueron avaladas por el Tribunal Superior. En aquel caso, la Comunidad, en vez de buscar la cobertura de la Ley de Salud Pública de 1986, optó por acogerse a una orden del Ministerio que no le amparaba para limitar derechos fundamentales. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de alarma para la región.
Árbitros de la pandemia
Del 20 de junio al 25 de octubre de 2020, cuando España vivió sin estado de alarma, los magistrados se convirtieron en árbitros de la pandemia revisando medidas que afectaban a los aforos en bares, restaurantes y actos religiosos, fumar en la vía pública, prohibición del ocio nocturno, uso obligatorio de mascarillas, cierre de parques y jardines o salidas de residentes de centros sociosanitarios. Y lo hicieron, en ocasiones, con una situación epidemiológica similar a la actual, con tres comunidades en riesgo extremo.
Esta situación provocó desajustes tales como que unos togados tumbaran algunas de las restricciones impuestas por las Administraciones mientras otros, a pocos kilómetros de distancia, las respaldaban. Es decir, una misma medida era avalada en un territorio mientras su vecino la rechazaba.
Para adoptar nuevas restricciones a partir del 9 de mayo, ayuntamientos y autonomías tendrán que basarse de nuevo en la Ley de Salud Pública de 1986, que habilita a las autoridades públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad. Apoyándose en esa normativa, los tribunales sí avalaron en 2020, por ejemplo, que la Junta de Castilla y León acordara el cierre perimetral de León o que Andalucía confinara Casariche (Sevilla) y Almodóvar del Río (Córdoba). Lo que ocurre es que los magistrados ven en esta ley el origen de la discrepancia pues la consideran «caduca y obsoleta» ya que se pensó para enfermos concretos y no para una pandemia.
Ahora bien, someter las restricciones al control de la autoridad judicial no es siempre obligatorio, solo si afectan a derechos fundamentales, si bien eso no impide que ayuntamientos y comunidades busquen la ratificación de un togado de cara a la opinión pública, aun a riesgo de salir mal parados.
Consejo interterritorial
Sánchez explicó que una vez que decaiga el estado de alarma, las medidas que se tengan que adoptar para combatir la pandemia se tomarán en el seno del Consejo Interterritorial. A su juicio, el sistema de cogobernanza aplicado en los últimos meses ha sido efectivo y ha contado con el aval de la Justicia. Sin embargo, no siempre ha sido así.
El caso más sonado ocurrió en el País Vasco cuando el Tribunal autonómico aceptó cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de reabrir los bares y restaurantes de los municipios que se encontraban en zona roja.