La prestación de 73.000 dependientes subirá entre un 5 y 10%

SPC
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La Junta destina 15 millones adicionales para financiar el incremento de la medida que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero en lo que supone dar «prioridad clara» a la protección de los vulnerables

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la rueda de prensa. - Foto: Wellington Dos Santos Pereira

La Junta de Castilla y León incrementará las prestaciones económicas a más de 73.300 dependientes entre un cinco y un diez por ciento, para lo que destinará 15 millones de euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer este incremento de las prestaciones para las personas dependientes de la Comunidad que se publicará hoy en el Bocyl y que tendrá efecto desde el 1 de enero de 2021. Para el presidente autonómico, esta decisión reafirma el trabajo con la «prioridad clara» de proteger a las personas, a los más vulnerables, sobre todo a los mayores y a los dependientes. En primer lugar, se verán beneficiados con una subida del 10 por ciento los 43.461 dependientes que, en la actualidad, perciben una prestación económica vinculada al servicio como una residencia, un centro de día o a través de la ayuda a domicilio. Fernández Mañueco aseguró que en el caso de las personas que cuenten con menor capacidad económica, el incremento será superior en todas las prestaciones.

Además, las 28.941 personas que reciben cuidados en el entorno familiar por personal no profesional verán incrementado un cinco por ciento el dinero que reciben de la administración autonómica. Por último, se incrementará otro 10 por ciento la prestación económica de asistencia personal para las personas que necesiten contratar los servicios de un asistente personal durante unas horas para facilitar al beneficiario por ejemplo el acceso a la educación y al trabajo, así como medidas que le permitan llevar a cabo una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas. Un total de 1.354 dependientes la perciben en la actualidad, de los que el 8 por ciento es menor, entre 4 y 17 años de edad.

Fernández Mañueco subrayó durante su intervención que el esfuerzo inversor de la Junta busca mejorar la calidad de vida de las personas dependientes en Castilla y León y dar respuesta a las necesidades que precisan, a través del refuerzo de todas las prestaciones y servicios que ofrece el sistema de la dependencia. El presidente de la Junta recordó que la administración autonómica aporta el 78 por ciento del coste del sistema de dependencia en la Comunidad, lo que supone un desembolso anual de 489 millones de euros, pese a que el Gobierno central, tal y como recoge la ley, debería correr con el 50 por ciento.  

Mundo rural

En este marco, insistió en el especial compromiso con los mayores y los dependientes en el medio rural, con la extensión de los servicios a todo el territorio, algo importante porque permite que no haya ciudadanos «de primera y de segunda» y no haya diferencia en función de donde se viva, y ha asegurado que son «ambiciosos» y seguirán trabajando en la mejora de los servicios, aunque ya son de «notable» calidad, en el marco del Diálogo Social y con el Tercer Sector.

Además, ha agregado que no sólo supone mejorar la calidad de vida de los mayores, sino que además la dependencia es una fuente de generación de empleo, algo que considera «importante» en estos momentos, porque el sector cuenta con 45.000 empleos directos, más del 40 por ciento en el medio rural. Castilla y León, ha apuntado, es la comunidad que más empleo genera por cada millón de euros invertido.

Esfuerzos

Mañueco aprovechó la presentación de las mejoras en el sistema de atención a la dependencia de la Comunidad, para señalar que la Junta ha comenzado 2021 con la mejora y refuerzo de la teleasistencia que, próximamente, llegará a la ayuda a domicilio con un incremento del número de horas que los usuarios reciben o la atención residencial a través de los conciertos. Tampoco se olvidó de la reducción, a principios del año pasado, de los plazos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema que se redujo a tres meses desde la presentación de la solicitud.

El presidente de la Junta significó que todas estas mejoras son posibles gracias al «significativo» esfuerzo financiero que los presupuestos para 2021 otorgan a la dependencia, a la que se destinan 679,58 millones, lo que supone casi 91 más que en último presupuesto. Desde 2018, las personas atendidas por el sistema se han incrementado un 20 por ciento, al pasar de 87.177 a las 105.165 que se registran en la actualidad.