La polémica implantación por parte de la Junta de Castilla y León del toque de queda a las 20.00 horas sigue discurriendo por dos vías, la política y la judicial. Por la primera, elGobierno regional exigió ayer al nacional que «mueva ficha» y modifique el estado de alarma para que «no haya ningún tipo de controversia jurídica» después de que la mayoría de gobiernos autonómicos, hasta una decena, tanto presididos por el PSOE, como Baleares o Castilla-La Mancha, como por el PP, como Andalucía y Murcia, vean con buenos ojos que las regiones puedan adelantar el inicio del toque de queda, y así lo defenderán mañana en el Consejo Interterritorial. En cuanto a la vía judicial, hoy se reunirá la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para comenzar a tramitar el recurso presentado por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, contra el decreto que regula el toque de queda a las 20.00 horas en la Comunidad, aunque según fuentes judiciales, en principio, es poco probable que hoy se decida sobre una posible suspensión o no de la resolución autonómica.
Mientras, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió que «el virus no entiende de fronteras administrativas ni de tecnicismos jurídicos» y apeló a la unidad de acción entre todas las administraciones para exigir al Gobierno que «haga una reflexión» sobre la decisión de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, que está apoyada, dijo, en informes jurídicos, sanitarios, epidemiológicos y de la realidad social y económica de la Comunidad. El jefe del Ejecutivo autonómico negó que el Gobierno regional esté «en rebeldía» y apeló a la vía «política» y de diálogo con el Gobierno central en lugar de la jurídica para alcanzar una decisión consensuada.
Alfonso Fernández Mañueco indicó que el objetivo es revisar la situación cada 15 días para comprobar las medidas a adoptar y constató que «sigue subiendo la incidencia de manera considerable desgraciadamente, en todas las provincias», donde se ha multiplicado por cinco en los últimos 15 días.
Un debate, el de modificar el real decreto de estado de alarma para habilitar el toque de queda a las 20.00 horas que llegará mañana al Consejo Interterritorial de Salud según avanzó la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, momento en el que las comunidades podrán adoptar la decisión de ampliarlo en «una decisión de consenso», no unilateral, dijo. También desde el Gobierno central se pronunció ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, que criticó que haya comunidades «que no están respetando el Estado de Derecho porque están tomando medidas contrarias al último real decreto de estado de alarma» en referencia a la Junta.
«Incompetencia»
Mucho más crítico se mostró el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, que acusó directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente, Francisco Igea, de «preferir la vía unilateral de confrontación para que el ruido tape sus errores y su incompetencia» en la gestión de la pandemia. «Llaman a la sublevación y a romper las leyes», afirmó. Por ello, registró en las Cortes la petición de los informes jurídicos que avalen esta decisión, para que los «hagan públicos». «Si no lo hacen demostrarán que es una excusa, una estrategia», justificó Tudanca.
«Queremos saberlo, porque estarán firmados y justificados», apuntó el líder socialista, quien lo achacó a una «maniobra deliberadamente planificada y a traición», ya que lo ocultó al resto de miembros del Consejo de Gobierno, pero también «con mentiras a los grupos parlamentarios, a los ayuntamientos y al Ejecutivo central, al que le dijo en una comunicación previa que valoraba un cambio dentro del decreto, pero no fuera de la horquilla del mismo». «Queremos saber también la fecha de estos informes, porque será la demostración de que lo valoraron antes de que nos lo contaran», incidió. A pesar de ello llamó a ciudadanos a ser «más responsables» que los dirigentes del Gobierno regional y a cumplir este toque de queda de forma «escrupulosa» mientras esté en vigor.
Sobre este respecto, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, recalcó que el decreto autonómico que adelanta el toque de queda «sigue siendo de aplicación» en tanto en cuanto no se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el recurso del Gobierno central, y por tanto «habrá que cumplirla» ya que «estamos en un estado de derecho y la norma está en vigor en estos momentos».