El nuevo curso judicial ha arrancado en Segovia con aroma a provisionalidad. Dos de los principales cargos en las estructuras de gobierno de los tribunales de la provincia se enfrentan a sendos procesos de renovación, aunque no se conoce con exactitud cuándo culminarán. La mayor incertitumbre se cierne sobre el nombramiento del nuevo fiscal jefe, que casi 150 días después de la jubilación de su último titular, Antonio Silva Jaraquemada, continúa sin resolverse. Y no parece que vaya a hacerlo en un corto plazo de tiempo. Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a convocar de forma inminente el concurso para elegir presidente en la Audiencia Provincial una vez que ha expirado el actual mandato de Ignacio Pando.
Se avecina un trimestre intenso en el Palacio de Justicia, aunque la situación de interinidad se podría prolongar más allá del final de año en el caso del Ministerio Público. Fuentes de la Fiscalía General del Estado han señalado a esta redacción que el retraso a la hora de cubrir la vacante dejada por Silva se debe a que en la propia Fiscalía General se procura no realizar nombramientos para jefaturas mientras el Gobierno de la nación se encuentra en funciones. «Es una costumbre habitual en el desempeño de la institución, que ya se ha producido en diversas ocasiones en los últimos años. La fiscal general propone los nombramientos tras oír el criterio del Consejo Fiscal, ya que entre sus funciones está la de ‘informar las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de los diversos cargos’», apuntan esas mismas fuentes.
Unas hipotéticas nuevas elecciones generales –en el caso de que Pedro Sánchez no lograra los apoyos suficientes para su investidura y tuviera que disolver las Cortes el próximo 23 de septiembre– aplazaría a 2020 el desembarco en la sede de la calle San Agustín del nuevo fiscal jefe. O fiscal jefe en femenino ya que dos de las que suenan con más fuerza para ocupar el cargo son la actual teniente fiscal, Elena Martín Mayo, y la fiscal contra la violencia de género, Inmaculada Martínez, aunque podría haber más que se postularan.
El papel del Ministerio Público en Segovia en esta etapa de interinidad no se ha visto alterado aparentemente, aunque el pasado mes de junio trascendió que ninguno de sus representantes había asistido a las declaraciones de los detenidos en una gran operación antidroga llevada a cabo por la Policía Nacional. «A efectos de funcionamiento con los juzgados no hemos detectado ningún problema porque la teniente fiscal ha asumido las responsabilidades. Sí que es verdad que es una situación de provisionalidad y quizá pueda afectar a la actividad interna de la Fiscalía o a la hora de marcar directrices», señala el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando.
Él también se enfrenta a un proceso de renovación. El Pleno del CGPJ aprobó el pasado julio las bases que regirán la convocatoria y el proceso selectivo para la provisión de dieciséis cargos judiciales, entre ellos la Presidencia de la Audiencia Provincial de Segovia. Está previsto que de forma inminente la Comisión Permanente del propio CGPJ convoque el concurso y, a partir de ese momento, se abrirá un periodo de veinte días para la presentación de candidaturas. Una vez concluido este, se convocará a los aspirantes a una entrevista y se llevará a cabo el nombramiento.
Pando ha anunciado su intención de presentarse a la reelección, pero aún no se conoce si habrá más aspirantes. El nuevo presidente de tendrá por delante el reto de comandar la puesta en marcha del segundo Juzgado de lo Penal –aprobada por el Consejo de Ministros en abril– y de insistir en viejas reivindicaciones, como la creación de una plaza para dotar de un cuarto magistrado a la Audiencia Provincial o mejorar las instalaciones de los juzgados rurales.
OBRAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA. Este nuevo curso judicial en Segovia estará marcado también por las obras que está previsto que se ejecuten en el Palacio de Justicia. Ante el retraso de los trabajos en el nuevo edificio que agrupará todos los juzgados y la puesta en marcha del segundo Juzgado de lo Penal, el Ministerio de Justicia ha dado luz verde a una reorganización de los espacios en la sede de la calle San Agustín.
Hasta allí se trasladará el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, ubicado hasta ahora en la calle Fernán García junto al Juzgado de lo Penal y el Juzgado de lo Penal bis. Para habilitar sus oficinas y las del Juzgado número 2 se utilizará la residencia del fiscal jefe y parte de la del presidente de la Audiencia Provincial. Además, se recuperará la antigua sala de vistas de la planta baja del edificio y se creará una entrada directa a la escalera de comunicación con la casa del fiscal. Se espera que las obras empiecen en noviembre.