Es probable que para el Gobierno las actuales negociaciones de la reforma laboral con sus socios de investidura estén siendo las más complejas de todas cuantas ha tenido que llevar a cabo desde el inicio de legislatura. Tanto Gabriel Rufián, portavoz de ERC, como Andoni Ortuzar, presidente del PNV, están hablando alto y claro y de manera muy rotunda sobre su actual posición respecto al decreto en el que se consagra el acuerdo alcanzado entre Gobierno, Sindicatos y CEOE.
Ninguno de los dos socios, a día de hoy, apuntan atisbo alguno que haga pensar en el apoyo a la propuesta que se debatirá en el Congreso en la primera semana de febrero. Están siendo tan rotundos, hablando de manera taxativa, que difícil van a tener explicar un cambio de posición.
Será difícil, pero no imposible, de ahí que nadie debe ni alarmarse demasiado ni aplaudir antes de tiempo. De hecho, en los próximos días se reunirá una nueva comisión de trabajo para hurgar en posibles recovecos que permitan el acercamiento.
Lo que está por ver es si éstos recovecos estarán directamente relacionados con la reforma laboral, o se buscan otros precios a pagar a quienes el Presidente del Gobierno ha elegido desde el minuto uno como socios de Gobierno, todos ellos, según expresiones oficiales, partidos con "sentido de Estado".
Lo que sí es seguro es que desde el ministerio de Trabajo se está dispuesto a sudar tinta china, antes de que el PSOE caiga en la tentación de buscar el apoyo de Ciudadanos. Si esto ocurriera, el fracaso de Yolanda Díaz sería de libro y no llegar a un acuerdo con ERC, PNV y si se puede Bildu, le pondría en la picota política que podría tener consecuencias en ese proyecto de escucha que desde hace tiempo viene fraguando con mucho misterio e indefinición la vicepresidenta del Gobierno.
Si la votación en el Congreso fuera hoy mismo, me inclinaría a pensar que la reforma no sale. Si esto ocurriera bien se podría afirmar que la legislatura, esta vez, sí podría entrar en sus últimas y agónicas horas. Sin embargo, queda tiempo. Hasta el último segundo es posible el acuerdo y no hay que descartarlo. Es más, y aun a riesgo de equivocarme, soy de las que cree que al final habrá acuerdo porque lo que está en juego no es tanto la reforma laboral, que también, sino la propia legislatura.
La aprobación de los presupuestos, y así quedó plasmado en estas líneas, fue algo así como una segunda investidura y si algo desea Pedro Sánchez es mantener esa mayoría pensando no en la reforma laboral, sino en la próxima legislatura. El riesgo de la no aprobación es un riesgo máximo para el Ejecutivo, máxime cuando en las próximas semanas se enfrenta a las elecciones de Castilla y León, en donde las encuestas no auguran nada bueno para los socialistas y si, como todo apunta, también hay adelanto en Andalucía, en donde Juanma Moreno, según las encuestas, tiene garantizado el triunfo, es demasiado riesgo presentarse ante la opinión pública con una reforma laboral fallida. De esta reforma, que no derogación, han hecho la punta de lanza de la eficacia gubernamental y hoy por hoy, me resulta impensable creer que Sanchez vaya a dejar que el éxito se convierta en fracaso por mucho que su vicepresidenta ponga el veto a una eventual negociación con Ciudadanos.
La política no es coger un dobladillo, es hacer encaje de bolillos cuando no se tiene mayoría absoluta y Sanchez, con su desprecio hacia la oposición, o aprende a tejer encajes o tendrá que afrontar días y semanas muy complejos.