El Tribunal Supremo acogió este pasado lunes el acto de apertura del año judicial. Con los honores de siempre pero con un aire extraño, sobre todo si se tiene en cuenta que el curso anterior apenas se llegó a cerrar. El Ministerio de Justicia ha presumido de que abogados y procuradores han hecho un uso «intensivo» del sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet durante el periodo hábil extraordinario de agosto por la Covid-19, pero los actores del sector consultados lo cuestionan y afean que el Gobierno saque pecho a las puertas de la avalancha que se prevé que se producirá en los juzgados por la crisis por la pandemia.

El número de notificaciones en el conjunto del país ha sido de 1.310.000 (un 1.000 por ciento más respecto a 2019) y se han presentado más de 110.000 escritos iniciadores de demandas (un 245 por ciento más que el año anterior) y más de 436.000 escritos de trámite (un 585 por ciento más), según los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia, que ha destacado que la habilitación de los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto «ha compensado en parte los meses de inactividad y ha reactivado un gran número de procedimientos». «Las cifras permiten concluir que, gracias al esfuerzo de todos, se ha mantenido una razonable actividad judicial y se ha respondido adecuadamente a la situación generada por la pandemia», ha añadido en su balance.

Un resumen triunfalista que ponen en cuestión el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz Gómez, y el delegado de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO) en Segovia, Roberto Alonso. «Ha sido una canallada porque al mismo tiempo nos han obligado a coger vacaciones a entre el 80 y el 90 por ciento de los funcionarios», señala este último. En su opinión, la medida de declarar hábil agosto ha tenido un alcance «limitado» porque «al final los abogados y procuradores también se han cogido vacaciones y no han presentado muchos escritos ni ingresado asuntos». Sanz Gómez, por su parte, apunta que «no ha significado ningún avance para el justiciable» y sospecha que los datos del Ministerio de Justicia «pueden estar muy sesgados».

El análisis de esta etapa histórica marca los primeros días de un curso que se anuncia intenso. El cierre de empresas y los Expedientes de Regulación de Empleo que se puedan  derivar de la crisis económica provocada por la pandemia redundarán en un aumento de la carga de trabajo en los juzgados. «Sobre todo en el Juzgado de lo Social», remarca el delegado de CCOO, quien lamenta que esa jurisdicción se vaya a enfrentar a este desafío con los mismos recursos a su disposición que en primavera.

Entonces el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León solicitó la creación «urgente» de un segundo Juzgado de lo Social en Segovia, donde el número de asuntos pendientes de señalamiento y juicio en este ámbito especializado en lo laboral se elevaba a finales de mayo por encima de los 600. «Pese al buen trabajo que desarrolla [el Juzgado de lo Social], se ha acumulado una excesiva pendencia y se han vuelto a dilatar los plazos de señalamiento, aproximándose en la actualidad a un año «, remarcó el TSJ, que no dudo en solicitar un refuerzo en forma de juzgado bis hasta la creación del segundo órgano.

«Es que esperamos la avalancha de asuntos a partir de ahora», dice el delegado de CCOO. La puesta en marcha del segundo Juzgado de lo Penal, paralizado por la pandemia, y la mejora de las condiciones de atención al público en el Registro Civil constituyen otras dos de las asignaturas pendientes.