CCOO y UGT exigen la implantación de las 35 horas en abril

SPC
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Los dos sindicatos, que también reclaman que la carrera profesional esté lista en 2019, convocan a todos los funcionarios autonómicos a una manifestación

Tomás Pérez, Ana Rosa Arribas y Ernesto Angulo (d), ayer en Valladolid - Foto: Ical

CCOO y UGT exigen a la Junta de Castilla y León que cumpla con los acuerdos para recuperar los derechos perdidos por los empleados públicos durante la crisis porque entienden que «es el momento» ante los datos económicos, por lo que solicitan la implantación el 1 de abril de la jornada de 35 horas semanales y la convocatoria en 2019 de la carrera profesional para todos y con las mismas posibilidades. Para ello, el día 13 de marzo han convocado una concentración ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, y de allí los empleados públicos partirán hacia la sede de las Cortes de Castilla y León que celebran pleno y en cuyo orden del día se votará la proposición de ley de la carrera profesional, según explicaron en una rueda de prensa Tomás Pérez Ureña, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT; Fonsi Buenafuente, secretaria de Igualdad de UGT; Ana Rosa Arribas, coordinadora de Área Pública de CCOO y Ernesto Angulo, coordinador de Sector Autonómico de CCOO.
De esta forma, detallaron que del acuerdo nacional falta por cumplir los fondos adicionales (0,2, 0,25 y 0,3 por ciento) a la mejora salarial de 1,75 en 2018, 2,5 en 2019 y un 2 por ciento en 2020 y en cuanto al acuerdo marco firmado en 2015 con la Consejería de la Presidencia, a la que han hecho llegar sus propuestas sin obtener respuesta, explicaron que algunos temas están cumplidos y otros no.
Así, trasladan la reivindicación a la calle en la que reclaman la instauración de manera inmediata -1 de abril- de la jornada semanal de 35 horas porque Castilla y León cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto y la Administración «se había comprometido a trasladar esta medida de forma inmediata».
recuperación de derechos

Ureña advirtió de que su exigencia no se centra únicamente en las 35 horas, sino en avanzar y recuperar los derechos perdidos, como la implantación de la carrera profesional en 2019 igualitaria para todos los empleados públicos y efectiva en 2019; la recuperación de los fondos de acción social -ayudas por ejemplo para becas al estudio o prestaciones como gafas o prótesis, entre otras- ya que tienen firmado llegar al 50% en 2019; concluir el Plan de Igualdad y la retirada de las tasas de reposición y las convocatorias extraordinarias de ofertas de empleo públicas.
Respecto de la carrera profesional, lamentaron que algunos grupos de las Cortes, con una capacidad de decisión, no hayan recogidos sus propuestas de alegaciones en las enmiendas presentadas y enumeraron que se mantengan los sexenios y no se renuncie a ellos al elegir la carrera profesional o que a los fijos discontinuos -tienen oposición- se les compute el año completo, aunque trabajen sólo una campaña de tres o cuatro meses, según informa Ical.