El Procurador del Común, Tomás Quintana López, avisó ayer de que puede haber responsabilidades penales si no se colabora con la institución y avanzó que están dispuestos a utilizar todas las herramientas legales para que las administraciones públicas faciliten la información y «no den la callada por respuesta».
Durante la presentación de su primer informe anual correspondiente al año 2018 ante las Cortes, ya que fue elegido para el cargo en octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo, Tomás Quintana inició su intervención con esa advertencia y subrayó que «detrás de cada queja hay un ciudadano, un vecino que solo pretende ejercer plenamente sus derechos».
Tras recordar los objetivos que se planteó de dar mayor visibilidad a la institución para que sea más conocida, dotar de mayor agilidad sus actuaciones y reforzar la Oficina de Atención al Ciudadano, el defensor de los ciudadanos de la Comunidad explicó que han realizado una labor de «persuasión» para que se produzca la colaboración en «términos reales y efectivos».
La colaboración con las administraciones se refiere a la demanda de información para resolver las quejas y a la petición posterior de aceptación o rechazo de la resolución, detalló el Procurador del Común, que recordó que se han realizado a algunas instituciones hasta seis requerimientos por falta de respuesta.
Quintana López subrayó, en declaraciones recogidas por Ical, que la demora en la respuesta puede suponer tener que comunicar al ciudadano que realizó la queja que ésta se archiva y explicó que, para «evitar efectos indeseados», se adoptó como novedad a partir del 1 de enero de 2019 acortar el número de recordatorios de cinco a tres, así como poner de manifiesto que la falta de colaboración puede determinar «responsabilidades de índole penal».
En su intervención, Quintana calificó de «hito» la presentación de quejas en materia de sanidad, que han alcanzado 4.192, aunque más de 3.900 se referían a un mismo asunto, y advirtió de que se «percibe» como «problema» la prestación del servicio de salud «especialmente en el medio rural». El Procurador del Común señaló esta cuestión, aunque aclaró que gran parte de las quejas correspondientes a sanidad se refieren a una «múltiple» relativa al Servicio de Oncología de Zamora (3.984).
Precisamente la falta de personal del Servicio de Oncología de Zamora ha disparado el número de quejas registradas en el Procurador en 2018, cuando se han contabilizado 6.500 -un 67 por ciento más que en 2017-.
Aún teniendo en cuenta estas quejas, Quintana señaló la percepción de esta problemática en la prestación del servicio de salud, cuyo origen, entre otras causas, puede estar en la carencia de facultativos dispuestos a presentar sus servicios en los consultorios médicos de los pueblos. De esta forma, aseguró, en declaraciones recogidas por Europa Press, que «parece necesario» reorganizar el sistema.
Listas de espera
Otra vertiente de la problemática que el Procurador analizó afecta a las listas de espera, al constatar la existencia de «importantes diferencias entre provincias en lo referente al tiempo de espera de los pacientes». Quintana recordó que ya se pidió la regulación de un sistema de garantías para la realización de pruebas diagnósticas y para la atención especializada en la forma prevista par alas listas de espera en intervenciones quirúrgicas.
Quintana enumeró las 79 actuaciones de oficio, entre las que destacan las referentes a los bienes y servicios municipales. Así, se han abierto 68 actuaciones de oficio para conocer por qué las entidades locales menores se daban de baja en el control sanitario de agua de consumo humano. Además, continúan abiertas las actuaciones sobre el uso de patinetes eléctricos, entre otras.