Los funcionarios de la Junta de Castilla y León irán a la huelga este 6 de noviembre, después de que el Gobierno regional rechace volver a la jornada de 35 horas lo que, en opinión de los sindicatos mayoritarios presentes en el Consejo de la Función Pública –UGT, CC.OO. y CSIF – se trata de un incumplimiento pactado con ellos por parte de la Administración autonómica, varios de cuyos representantes, incluido el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ya formaban parte del anterior Ejecutivo que lo firmó. Antes de llegar a la huelga, este jueves ha habido una concentración ante la Delegación Territorial y, el 25 de octubre, tendrá lugar un paro de dos horas y media. En Segovia hay 5.911 personas al servicio de la Administración autonómica –1.705 hombres y 4.206 mujeres–,  de los que 2.696 forman parte del área de la docencia no universitaria y 1.840 de instituciones sanitarias. En este entrevista, hablan del conflicto los secretarios generales en esta provincia de la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Mateo, y el de la Federación de de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., José Andrés Orejana.

¿Cómo se ha llegado a esta situación, después de que las 35 horas ya estaban implantadas en la Administración autonómica?

Miguel Ángel Mateo.– Como preámbulo debo decir que los trabajadores nos acusan de que vamos cada uno por un lado y en este tema estamos los tres grandes sindicatos que representamos a la función pública, tanto UGT , como CC.OO. y CSIF. La Junta fue pionera en la implantación de las 35 horas. hace 20 años. pero, con los famosos ‘viernes negros’,  donde nos quitaban de todo, llega el Real Decreto 20, del 14 de julio de 2012, donde desaparecen las 35 horas, después de que el 6 de julio se habían aprobado los Presupuestos donde se contemplaban la paga extraordinaria y esa jornada. Tras varias negociaciones, en los Presupuestos del Estado de 2017, con el ministro Montoro, dice que se puede volver a implantar pero impone tres condiciones:  que los pagos a proveedores no superen los 90 días, que no se puede gastar más de lo que se ingresa –la regla de gasto– y el déficit público.

Se firma un acuerdo con el Gobierno regional, en 2018, ya que no cumple estos parámetros, que habla de conciliación de la vida laboral y familiar, donde vuelven las 35 horas en julio, agosto y septiembre de ese año, para que en 2019 esté en vigor en junio, lo que conlleva que quien hace turnos rotatorios, tengan cinco días a mayores de asuntos propios, este año. En ese acuerdo ya se establece que, en cuanto que la Junta cumpla con los tres requisitos exigidos, no hay que negociar, sino que las 35 horas se implan automáticamente.  En abril de 2018 los cumple y, en plena campaña electoral, la Junta se compromete a la implantación. Hay un incumplimiento firmado que adquiere con los tres sindicatos.  

José Andrés Orejana.–  Se llegó a un acuerdo de 35 horas, en 2012, Mariano Rajoy dijo que no se podía, la crisis se ha llevado la culpa de todo y se imponen las 37,5 horas. Entonces los malos estaban en Madrid. A la hora de poner en marcha el acuerdo de la primavera del año pasado, se plantean problemas en trabajos como sanidad, que son horas continuadas, o atención a la tercera edad en las residencias,  porque hay problemas de organización, hay que programarlo con tiempo, pero no ha habido voluntad de cumplir el acuerdo que firmó la Junta con los representantes de los trabajadores. 

¿Entonces, habrá huelga el 6 de noviembre?

M.A.M.– Ha habido una reunión donde están los consejeros de Presidencia, Hacienda, Sanidad y Educación en la que dicen que, en vez de ser a primeros de año no..., se ve más o menos factible. El gran problema de la huelga es que no nos fiamos de la Junta porque hay una reunión con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, y dice que se va a implantar,  pero luego sale el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y dice que no se puede porque cuesta 120 millones de euros, lo que no es cierto. Estamos viendo que hay dos gobiernos dentro de la Junta de Castilla y León, el del PP y el de Ciudadanos. La semana pasada vamos a una negociación y ya solo está el consejero de Presidencia y tres directores generales quienes dicen que no hay nada que negociar, si está convocada la huelga que para qué, esta es la situación....

J.A.O.– Pensamos que sí se puede negociar, que pongan las 35 horas encima de la mesa, la pelota está en su tejado, si quieren evitar que los empleados públicos hagan una huelga y media, porque el día 25, además, están convocadas dos horas y media,  se puede evitar cumpliendo lo que tienen firmado, están negando lo que firmaron. 

La Administración autonómica argumentaba que no podía aplicar el acuerdo porque le faltaba la financiación del Estado, pero el Ministerio de Hacienda admite dice que está dispuesto a abonar cuanto antes a las comunidades autónomas los 4.500 millones pendientes de la actualización de las entregas a cuenta de este año… 

M.A.M.–  Quien no quiere cumplir pues tiene que buscar argumentaciones, primero decían que costaba 120 millones de euros, luego que la Administración del Estado no ingresaba la liquidación del IVA, cuando hace dos consejos de ministros se desbloquean 420 millones para las autonomías. Ya no se oye a Igea hablar de los 120 millones, con lo cual lo que pone de manifiesto es que son malos cumplidores de los acuerdos que firman porque hay muchas personas en este Gobierno que forman parte también del anterior, del PP. 

J.A.O.– Son justificaciones del mal pagador a base de echar la culpa a otro. Si adquirieron un compromiso, cada Administración hace sus presupuestos en base a lo que va a ingresar, un poco antes o un poco después… 

¿Qué opinan de los argumentos del presidente Fernandez Mañueco de que se puede ver dañada la calidad de los servicios o del vicepresidente Francisco Igea argumentando que la medida conllevaría 100.000 consultas menos?

M.A.M.– Es el nuevo argumento, pero lo de las 100.000 consultas no es cierto porque los hospitales  están programados de tal forma que, tanto con 37,5 o con 35 horas, la actividad de los hospitales arranca a las ocho de la mañana, preguntaría a los ciudadanos si a alguien le han citado a las 7,30 horas. Es falso, no hay dinero para las 35 horas pero sí para nombrar asesores, el Gobierno autonómico que mayor número tiene, los últimos, el jueves pasado. 

J.A.O.– Aumenta el gasto porque sería preciso más personal, pero, si no contratan, si llevamos años que no hay sustituciones por jubilación, ¿ahora no se van a atender 100.000 consultas porque hay menos gente o porque no hay voluntad?  Tienen que esforzarse en organizarlo.  

¿Estarían dispuestos a negociar unos plazos, se volverán a sentar?

M.A.M.– Sin ningún problema, los tres sindicatos que tenemos representación en el Consejo de Función Pública  hemos dicho que, hasta que haya modificación legislativa, no nos importa seguir con los mismos criterios de los últimos meses, con la implantación de 35 horas y compensación a las personas que hacen turno.  

J.A.O.– Es curioso que digan que no lo puedan cumplir cuando han firmado el acuerdo, ¿estaban equivocados entonces o están equivocados ahora? Por nuestra parte estamos para sentarnos y hablar, pero negociar es llegar a acuerdos, no que el pagano sea el mismo, el currito de a pie, mientras el dinero se lo gastan en asesores. 

¿Al margen de este tema, cómo ven la situación de los funcionarios públicos, en general, en el conjunto de las administraciones, que se ha reducido en 1.134 puestos desde la crisis de 2010  y las quejas al deterioro a las condiciones laborales?

M.A.M.– En 2008 comienza la crisis, en 2009 ya se dice que solo se pueden sustituir el 75% de las plazas que dejan quienes se jubilan; en 2010 el presidente Zapatero vuelve de Dabos con la reforma laboral y nos quita un 5% de salario y aparece la tasa de reposición en la que plantea que no se puede contratar a nadie, lo que nos lleva a una tasa de envejecimiento de la Administración está muy elevada.  En Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León falta más de un 50% de administrativos y auxiliares porque se han jubilado y no han repuesto; en la Tesorería de la Seguridad Social hay un 40% de plazas vacantes; en Tráfico hay grandes problemas,  se habla de la huelga de los examinadores pero los tramitadores de los carnés están bajo servicios mínimos.  El político dice que la ausencia de empleados públicos se soluciona con tecnología, ahora te mandan a la máquina o te dicen que lo hagas desde casa con el ordenador, es un gran problema... 

J.A.O.– Preocupa el envejecimiento, en el INSS, dentro de una década, van a quedar un 10% de los funcionarios que hay, más vale que convoquen oposiciones; en Instituciones Penitenciarias les prometen días libres y, al final, terminan debiendo descanso a todos los trabajadores... Lo que deben hacer es convocar, de hecho este año ha habido reposiciones, para que que se revierta la situación. Las tecnologías digitales pueden solucionar problemas, pero la máquina no arregla el problema a un funcionario de prisiones o al de  un juzgado que tiene amontonados los expedientes. Esta Administración no apuesta por la función pública, parece que quieren privatizar, externalizar, nosotros sí apostamos por los empleados públicos y que los funcionarios gestionen lo estatal.     

¿Esta situación está yendo en deterioro de los servicios en general en Segovia, en una provincia donde hay un sector productivo bajo?

M.A.M.– En Segovia hay 31.500 jubilados, que cobran de presupuestos públicos, como 11.891 empleados públicos, por lo que la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios repercute en toda la economía de la provincia de Segovia, de manera muy positiva o negativa, dependiendo de como vaya. Ahora mismo hay dados de alta en todos los regímenes de la Seguridad Social 63.346 personas, lo que supone que el sector público representa más del 16% y los vaivenes terminan repercutiendo en el sector servicios. No hay sector primario en Segovia, excepto en la zona de El Carracillo, no hay industrias grandes, la mayor empresa privada apenas supera los 200 trabajadores… En cuanto al deterioro de los servicios públicos, las listas de espera ahí están, la calidad asistencial de la Residencia Asistida, donde falta personal, ahí está…  Esto se visualiza cuando hay atención directa al ciudadano. En Segovia hay un gran problema, se están perdiendo mensualmente un número muy importante de autónomos.

J.A.O.– Segovia siempre ha dependido del empleo público porque no ha habido industria, incluso estuvo mejor antes cuando habían alguna dependencia judicial más, la Guardia Civil ha cerrado cuarteles… En la provincia, tanto en la enseñanza como en la sanidad están reduciendo centros o trabajadores. Por poner un ejemplo, en la zona de la sierra, había once médicos para cincuenta pueblos en los centros de salud, ahora hay siete, es verdad que hay poco número de cartillas porque la provincia se vacía a grandes velocidades. Se van cerrando colegios en los pueblos, ¿qué hacemos, concentrra toido en Segovia y dejar la provincia vaciada?… Lo que ha sido la huerta segoviana es la única parte en la que se ve producción si, además, externalizamos servicios, como el agua, no apostamos por el empleo público, aún siendo muchos no llega a la media europea, estamos bastante por debajo.