El secretario general del PSOE de Segovia y diputado miembro de la Comisión de Transición Ecológica y Cambio Climático, José Luis Aceves, destaca que “el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone el compromiso del Gobierno para que nuestro país alcance, antes de 2050, la neutralidad de emisiones; es decir, antes de llegar a mitad de siglo España solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros puedan absorber”. “Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico español tiene que ser cien por cien renovable y las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%”; unos objetivos ambiciosos “que, según se recoge en el propio texto legal, sólo podrán ser revisados al alza”, ha añadido.

El texto, remitido a las Cortes Generales por el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria, fija la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990, antes de llegar a la neutralidad de emisiones en 2050. “De este modo, se fija por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y se refuerza nuestro compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050”, subraya Aceves.

Para el diputado socialista, “esta Ley recoge una respuesta transversal al desafío del cambio climático, al que España es especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones”. Aceves enfatiza que “la Ley incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática y sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas”.

Explica que los objetivos de esta Ley, “se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima. El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, prevé reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%”.

Las acciones contempladas en este primer plan hasta 2030 “atraerán más de 200.000 millones de euros de inversión, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros”, remarca el diputado socialista.

OPORTUNIDADES PARA SEGOVIA. También destaca la importancia de que “la adaptación a los impactos del cambio climático pasa a tener reconocimiento en una Ley. Se abren así oportunidades de activación económica y empleo, a corto, medio y largo plazo, especialmente en las zonas rurales; algo de vital importancia para una provincia como Segovia”. “Así, a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria".

Aceves valora muy positivamente que en la Ley “se reconoce la relevancia de la PAC, del desarrollo rural y de la política forestal, tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario, como para alcanzar la neutralidad climática”. “Además, en una cuestión esencial para nuestra provincia con la mitad de su superficie declarada forestal, la Ley recoge que las Administraciones Públicas incentivarán la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono. Con ello, se fomentan sus cobeneficios como motor de desarrollo y generación de empleo”.

El secretario general de los socialistas segovianos destaca también que la norma “prevé medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático. “Además, se contemplan medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables, con el objeto fomentar la actividad económica y la empleabilidad en el territorio”. “Esas cuestiones son de vital importancia para una provincia como Segovia, con numerosos espacios protegidos, con una biodiversidad extraordinaria y con una urgente necesidad de fijar población en nuestro medio rural, para lo cual la generación de nuevos empleos es imprescindible”.

En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. El Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, y se ampliará hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

“Con la nueva Ley se apuesta también claramente por la movilidad sostenible”, señala el diputado socialista: “el objetivo es que en 2050 contemos con un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2”. “Pero tampoco hay que olvidar el papel que han de jugar nuestras ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables. En este sentido, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, contemplarán en la planificación de ordenación urbana, medidas que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados”.

Para ello, señala Aceves, “la ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional, comenzando por la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio y articulando la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de aparcamiento”.

Otras de las medidas contempladas en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética son “el impulso de uso de biocarburantes en el transporte aéreo y de energías alternativas en el transporte marítimo; el fomento, a través de planes específicos, del uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, o el hidrógeno; no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, ni se autorizará el ‘fracking’”.

En cuanto a la financiación de las distintas medidas, Aceves señala que “el proyecto establece, además de un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático”.

“La pandemia de la Covid-19 nos ha avisado que para la nueva normalidad es clave el revertir la destrucción de hábitats y la extinción masiva de especies, evitando otras zoonosis como la que estamos sufriendo y poniendo acento en la lacra de los incendios forestales que destruyen el territorio, por lo que todas las fuerzas políticas deben apoyarlo y se deben retratar en sus intenciones”, sentenció.