El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, aprovechó hoy su comparecencia en las Cortes para aceptar que el órgano fiscalizador amplíe sus atribuciones y competencias con la futura Agencia de Evaluación Independiente de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que pretende implantar la Junta, pero dejó claro que no puede ser "a coste cero". "Siempre hemos planteado que cualquier asunción de nuevas competencias cuenta con nuestra disponibilidad pero no puede ser a coste cero si se quiere ser eficaz", sentenció.
Amilivia destacó la disposición de todos los grupos parlamentarios de la Cámara a que esa unidad independiente de evaluación de las políticas públicas, ajena a la administración autonómica, se residencie en el Consejo de Cuentas y no mediante la creación de un órgano independiente. En este sentido, se mostró esperanzado que -cuando llegue el momento- esta nueva asunción de responsabilidades cuenta con el consenso unánime de todos los partidos políticos representados en las Cortes, sobre todo los mayoritarios. No en vano, el órgano será el encargado de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la administración autonómica así como impulsar la gestión de la calidad de los servicios, con el objetivo último de mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía.
El presidente del Consejo de Cuentas consideró, según recogió la Agencia Ical, que institucionalizar esa función en el órgano de control requerirá de una iniciativa legislativa de creación y funcionamiento para garantizar su independencia. "Defendemos que debería ser una proposición de ley por que somos una institución estatutaria y nacemos del consenso de los grupos de la Cámara", apuntó. Y es que añadió que debe existir un mandato de las Cortes, tanto para una mayor dotación de medios al Consejo de Cuentas como para la reglamentación posterior.
En la línea de lo expresado en el estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), encargado por la Junta de Castilla y León, Amilivia señaló que el nuevo órgano deberá crearse como sección o bien como agencia de evaluación. "La fórmula jurídica que se adopte puede ser una agencia como el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración de Castilla y León, que se adjuntó al Consejo Consultivo, o como una nueva sección en el ámbito del Consejo de Cuentas, dirigida por el Pleno que asume la gestión de las políticas públicas con carácter permanente", apuntó.
"Importante" margen de mejora
Mario Amilivia destacó durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar el informe de fiscalización 'Análisis de los sistemas de evaluación del gasto público de la administración general e institucional de la Comunidad' que Castilla y León ha sido "pionera" en la implantación de la gestión por objetivos pero subrayó que ese sistema admite un "importante" margen de mejora, tal y como recogió la Airef. "Es un estudio que establece una arquitectura institucional de futuro para intentar llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas", precisó. De ahí que mencione la posibilidad de crear una unidad de evaluación permanente.
"Estamos satisfechos por que la Airef reconoce el valor, la importancia, la independencia y la calidad de las auditorías operativas que elabora el Consejo de Cuentas, además de aprovechar nuestra experiencia acreditada en la evaluación de políticas pública a través de la realización de fiscalizaciones operativas. Es un acicate que un órgano independiente reconozca nuestro trabajo y lo valore tan positivamente, además de considerar que no sea necesario crear en Castilla y León una unidad de evaluación de las políticas públicas en el contexto de que ya existe un Consejo de Cuentas, que podría asumir esas competencias, y que evitaría un mayor gasto público al no tener que crear algo nuevo, externo y ajeno al entramado institucional de la Comunidad", señaló Amilivia.
Fue entonces cuando manifestó que él siempre ha sido partidario de "fortalecer" las instituciones estatutarias, dotándolas de nuevas competencias, tal y como ocurrió con el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración de Castilla y León, que se unió al Consejo Consultivo, aunque con separación de funciones.