El caso Trípode, una condena judicial por vulnerar la ley de contratos, al fraccionar una contratación de 27.000 euros para no tener que convocar concurso público (obligatorio a partir de 15.000) y adjudicar más rápido la organización del festival de cine europeo (antigua Muces) a una sociedad creada pocos meses antes, ha abierto una crisis de gobierno de consecuencias todavía difíciles de calibrar. Un asunto minúsculo en lo económico (apenas representa el 0,04% del presupuesto anual del Ayuntamiento de Segovia) e incluso en lo jurídico (‘sólo’ conlleva la anulación de la contratación y el pago de 750 euros en costas por parte del Ayuntamiento), pero importante por su impacto político y público. Por las formas en que se ha desarrollado un conflicto que arrancó ya en septiembre por la denuncia de «dedazo» que el PP terminó llevando a los juzgados, por el fondo y también por el modo en que la alcaldesa está intentando reconducir la situación.
Clara Luquero, como la concejala Gina Aguiar, no ha dejado de insistir en que se trata de un «error administrativo» que atribuye por ello a «los técnicos». Sin embargo, no deja de ser Aguiar quien decidió optar por este procedimiento para agilizar plazos y adjudicar cuanto antes la contratación a Trípode. Una asociación cuya trayectoria defendió en un pleno en septiembre diciendo que estaba inscrita en el registro, aunque tiene fecha de alta del pasado 22 de octubre. Así lo recoge el juez que, entre otros errores, además del fraccionamiento injustificado de contrato, señaló la falta de informe de solvencia profesional y económica de Trípode, aunque sus integrantes la tengan de manera individual.
Otra cuestión es el precio que considere poner cada cual a los errores cometidos, o hasta qué punto se entiende que libera de responsabilidad a la concejala el pésimo asesoramiento recibido, cuando Aguiar llevaba casi desde el inicio del mandato demandando la contratación de un jurista para su área (un técnico de Administración General) que precisamente se ha consignado en el presupuesto de este ejercicio.
La sentencia se conoció el 4 de marzo y Luquero aún se negaba el viernes 12 a tomar medidas políticas, cuando Cs y PP ya pedían el cese o la dimisión de Aguiar. El lunes 15 se sumó Podemos-Equo, socio preferente del PSOE, y el martes su propio socio de gobierno, IU, pero pidiendo la salida de Aguiar de Cultura sin hablar de dimisión ni cese, en la línea de lo que acabó anunciando Luquero el miércoles: Aguiar fuera de Cultura, que queda en manos de Alberto Espinar (suma esta área a la de Innovación), pero dentro del equipo y con la cartera de Turismo.
No es la primera vez que Luquero defiende hasta las últimas consecuencias a un miembro de su equipo y ahí queda el precedente de su número 2 del pasado mandato, Alfonso Reguera, después de que en junio de 2018 amenazara a un policía local con darle «dos hostias». Se limitó a retirarle la portavocía del grupo y la tenencia de alcaldía y lo mantuvo de concejal de Urbanismo y de Hacienda hasta que él mismo, pasados unos días, tomó la iniciativa de dimitir. Meses después, en puertas de las elecciones de mayo de 2019, fue condenado en vía judicial por un delito leve de amenazas.
Luquero ha recalcado además que retira a Aguiar de Cultura porque la propia concejala se lo ha solicitado: «Al acceder a su petición yo siento que estoy cometiendo una injusticia, y lo digo así de alto y de claro», afirmaba el miércoles. «Sé que (Aguiar) está sufriendo porque este hostigamiento no es fácil para cualquier ser humano, cuando no se lo merece porque lo que ha hecho es trabajar». Habló de «hostigamiento», palabra que también usó la concejala, así como de «escarnio».
Por otro lado, Luquero no sólo se expone a su propio desgaste y al de su partido, donde no todos comparten la ‘solución’ planteada, sino que compromete a IU por su condición de socio de gobierno y por haberse desmarcado de la petición de dimisión del resto de partidos. «Tenemos claro que no nos podemos permitir que haya sombras de dudas en la contratación y más con la que está cayendo», decía Galindo el miércoles, tras la rueda de prensa de Luquero, que ya le había telefoneado la noche anterior para anticiparle la reorganización prevista. «Había que tomar medidas, el PSOE ha decidido cambios y si son acertados o no lo veremos con el tiempo». Por ahora los asume, «a la espera de ver si se despejan las dudas sobre contratación», y defiende «la forma de hacer política de Izquierda Unida, sin palabras gruesas ni sobreactuaciones».
Ningún otro partido (aparte del PSOE, claro) se juega más que IU, dado que este mandato está teniendo la oportunidad de plasmar sus políticas a través de la gestión directa de las concejalías de Medio Ambiente y Servicios Sociales. ¿Debió pedir el cese o la dimisión de Aguiar y amenazar con romper su acuerdo de gobierno si no se producía una reacción semejante?
El concejal de Podemos-Equo, Guillermo San Juan, por su parte, amaga con distanciarse más que nunca del PSOE tras haber pedido la dimisión de Aguiar, pero ha dejado una puerta abierta a la posibilidad de seguir brindando mayorías de izquierdas, cuando el apoyo del único edil morado es clave para sumar 13 de 25 votos en los plenos junto con los diez del PSOE y los dos de IU.
San Juan conoció la reorganización prevista por una llamada del portavoz del PSOE, Jesús García, sólo unos minutos antes de la rueda de Luquero y Aguiar, y fue el primer partido en lanzar un comunicado hora y media después: «La gravedad de la decisión premeditada de dividir un contrato en varios importes menores (...) nos parece un hecho suficientemente grave como para que Aguiar dimita», señaló. No obstante, «si Luquero ha tomado la decisión de mantener a la concejala en su equipo pero al frente de otra área, tiene que disipar cualquier duda sobre todos los contratos menores de Cultura y probar, con datos, que el de Trípode ha sido un caso aislado», argumentó el portavoz morado. De este modo, San Juan vuelve a exprimir su condición de socio preferente, pero sin ser parte del Gobierno, y deja la opción a los socialistas de llevar a cabo una auditoría como alternativa a la dimisión; y sin haber llegado a amenazar con romper el acuerdo programático que firmó con ellos al inicio del mandato.
Claro que para libertad de movimientos, la de PP y CS, aislados de la toma de decisiones del Gobierno municipal, que no cuenta con ellos para nada. Sin más margen de actuación que declaraciones a la prensa y en los plenos, pero muy activos en su labor de fiscalización. No en vano, Aguiar, molesta por oír hablar de «dedazo», acusó en septiembre al PP de practicar una política «baja y superficial» en busca de «titulares» con el caso Trípode, y la contrarréplica ha corrido a cuenta de un juez. El PP se jugó el crédito en los juzgados, ha salido reforzado y ahora ya personaliza el caso en la concejala: «Nadie nos asegura que no pudiera proceder de la misma manera en la Concejalía de Turismo», afirmaba el miércoles el portavoz popular, Pablo Pérez. Y si el PP tacha la reorganización de «maquillaje», la portavoz de Cs, Noemí Otero, habló el mismo día de «lavado de cara» e insistió en advertir que, en su opinión, todo está «orquestado por PSOE, IU y Podemos», restando valor a las críticas de estos dos últimos grupos.
CRÍTICAS DE LA DIPUTACIÓN. La reacción socialista al caso Trípode ha generado malestar incluso en la Diputación por haberse visto aludida directamente por la alcaldesa cuando, la semana pasada, afirmó que una de las irregularidades advertidas por el juez, la falta de un informe jurídico, es algo común tanto en la institución provincial como en la mayoría de entidades locales, de ahí que también haya decidido plantear recurso de casación ante el Supremo; no para alterar el fondo de la sentencia, que ya no puede hacerlo, sino para aclarar si se necesita tal informe por cualquier contrato menor. «Pedimos a la alcaldesa que no intente salvar sus errores, sus sentencias judiciales, poniendo la menor duda en el resto de administraciones», señala a El Día el diputado provincial de Hacienda, Óscar Moral (PP). «El PSOE lleva muchos años en la oposición en la Diputación y nunca ha puesto un pero ni nos ha tildado de incumplir la ley de contratos, y además el juez no condena al Ayuntamiento de Segovia por esto, sino por fraccionar contratos».
Pero el precio final de tales irregularidades, independientemente del que ha puesto Luquero, aún está por conocerse.