La Junta ha recibido 2.084 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de empresas con centros de trabajo en Segovia desde el lunes 16 de marzo hasta las 14.00 horas de este miércoles, en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19. Afectan a un número potencial de 9.537 trabajadores, mientras que a nivel autonómico van 31.174 ERTE para 173.662 trabajadores. El reparto por provincias es el siguiente:

- Ávila: 1.846 ERTE y 6.969 trabajadores.

- Burgos: 4.897 ERTE y 32.719 trabajadores.

- León: 6.045 ERTE y 21.053 trabajadores.

- Palencia: 1.703 ERTE y 7.974 trabajadores.

- Salamanca: 3.976 ERTE y 12.866 trabajadores.

- Segovia: 2.084 ERTE y 9.537 trabajadores.

- Soria: 1.199 ERTE y 6.734 trabajadores.

- Valladolid: 6.831 ERTE y 30.239 trabajadores.

- Zamora: 2.054 ERTE y 7.265 trabajadores.

- Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales: 539 ERTE y 38.306 trabajadores.

La Junta de Castilla y León, a través de Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, facilita una visualización de la evolución de los ERTEs recibidos por la autoridad laboral en la Comunidad y su impacto potencial sobre el empleo en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19. En este enlace se puede consultar la información oficial actualizada.   

Conforme a la normativa vigente, la autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación es:

- Las OTT de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en una provincia.

- La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, en tres supuestos: cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y finalmente cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 % de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.

- El Ministerio con competencias en el ámbito laboral, cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.