Apenas 100 días (se cumplieron el pasado miércoles) han pasado desde que el socialista Pedro Sánchez se convirtiera en el presidente del primer Gobierno de coalición desde la Transición. Poco más de tres meses en los que la pandemia de coronavirus se ha llevado por delante miles de vidas y ha atropellado los objetivos de la legislatura.

El líder del PSOE consiguió el pasado 7 de enero ser investido presidente con un margen muy ajustado, tras aceptar un Ejecutivo con Unidas Podemos -del que renegó en multitud de ocasiones durante las campañas electorales previas- y pactar con los independentistas de ERC la búsqueda de una salida al problema en Cataluña.

Ajeno al virus que se asomaba por China, el Gabinete aseguraba que planeaba paliar un año de parálisis con medidas y golpes de efectos que abriesen camino a la legislatura. Así lo hicieron al principio: el primer Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones; en febrero subió el salario mínimo hasta los 950 euros; Pedro Sánchez visitó al president Quim Torra en Barcelona; y la mesa de diálogo con los separatistas echó a andar en Moncloa.

Incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó el proyecto de ley de libertad sexual tras librarse la primera (pero no última) batalla pública del Ejecutivo, con reproches que incluyeron al vicepresidente Pablo Iglesias acusando veladamente de machista al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Pocos habrían augurado entonces que Sánchez pronunciaría una semana después, el 10 de marzo, una de las frases de estos 100 días: «Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta». Lo que sucedió después es la pesadilla de la COVID-19 que parece no tener fin: una avalancha de comparecencias, cifras, fallecidos, de colapso sanitario, falta de material, confinamiento indefinido y una previsión del FMI de que la economía española caerá este año un ocho por ciento y el paro se disparará al 21 por ciento por el virus.

Un país «en guerra». El Gobierno compara insistentemente esta pandemia de efectos desconocidos con una guerra. A consecuencia de esta batalla, el líder socialista ostenta desde el 14 de marzo un poder que ningún otro presidente ha tenido en democracia, el que le confiere el estado de alarma: la autoridad competente en todo el territorio es el Ejecutivo, o dicho de otro modo, gran parte de las competencias de las 17 comunidades recaen ahora sobre Moncloa.

Durante este período de excepción, en nueve ocasiones ha comparecido u ofrecido ruedas de prensa, además de las cinco veces que se ha dirigido a un Congreso casi vacío. La oposición le ha reprochado, de hecho, una cierta voluntad de omnipresencia y su intención de quedar libre del control parlamentario, aunque ya la semana pasada el PSOE y Unidas Podemos cedieron a someterse al control de las Cámaras. Precisamente, en una de ellas, el Congreso, celebró Sánchez sus 100 días como líder del Gobierno de coalición. Solicitaba el socialista una nueva prórroga -hasta el 10 de mayo- para el estado de alarma en un Pleno cargado de reproches, como sucediera ya en la prolongación anterior.

Porque la COVID-19, que ha acabado con más de 22.000 vidas y más de 800.000 empleos, parece también estar amplificando la tensión de la vida política española. No hay unidad por más que Sánchez la reclame y la oposición se haya abierto a negociar una gran alianza de Estado que parece tocada de muerte antes incluso de echar a andar «Propongo un gran acuerdo para la reconstrucción económica y social de España», ha pedido el jefe del Ejecutivo reiteradamente con distintas palabras, aludiendo a los históricos pactos de la Moncloa de 1977. Una quimera de la que recelaban incluso en Unidas Podemos, por si desembocaba en un viraje del PSOE a la derecha.

La ambiciosa propuesta quedará previsiblemente en una mera comisión parlamentaria en la que portavoces de los distintos partidos podrán debatir propuestas, escuchar a técnicos... Y no parece ese el lugar del que brotará un gran acuerdo nacional.

Debates pasados

Mientras tanto, a Sánchez le toca dirigir un Gobierno bipartidista y heterogéneo cuyas diferencias también ha dejado al descubierto la pandemia. En su papel de rival por la izquierda, el vicepresidente Pablo Iglesias ha visibilizado una presión para que algunas medidas sociales se impulsasen, unas veces con éxito, otras sin él. Y ha buscado presentarse como el contrapunto de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Pero la división interna del Ejecutivo ha quedado atropellada por la crisis sanitaria, que también ha dejado en suspenso los debates que parecen de hace años: el de la ley mordaza, la eutanasia, el Delcy-gate o incluso la situación de los políticos presos catalanes.

Cuestiones que siguen sobre la mesa, pero que ya no serán el centro de una legislatura marcada a fuego por el coronavirus.