El Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León busca el respaldo y una posición de Comunidad ante el Gobierno para que se atiendan las “observaciones” formuladas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural al Decreto Ley de medidas extraordinarias para el sector del vino.

Las “observaciones” enviadas por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, al ministro del ramo, Luis Planas, y que cuentan con el apoyo del sector, se han recogido en forma de proposición no de ley con la que se pretende recabar el respaldo en el pleno de todos los grupos de las Cortes.

Según los antecedentes de la iniciativa, conocida por Ical, las medidas del Decreto Ley para la destilación de crisis, la ayuda al almacenamiento de crisis y la cosecha en verde son insuficientes, no tienen en cuenta las particularidades del sector vitivinícola y dejan “en desventaja” a territorios como Castilla y León.

En tal sentido, el Grupo Popular ve “incomprensible” que se asigne un 25 por ciento de la destilación a los vinos con denominación de origen y un 75 por ciento a los vinos sin denominación de origen, lo que, en su opinión, “marca acusados desequilibrios territoriales”.

Además, considera que el el Ministerio de Agricultura no ha tenido en cuenta que las destilerías están muy localizadas en el territorio nacional y es más costoso llevar vino a destilar desde Castilla y León, ya que están a más de 300 kilómetros de sus bodegas.

Otra de las “observaciones” se refiere a las ayudas al almacenamiento privado, que se acotan a un máximo de dos millones de hectolitros lo cual, si se consideran los excedentes actuales y los futuros, “se hace bastante escaso, y el importe fijado es muy bajo”.

Respecto a la medida de cosechar en verde, entiende que la dotación asignada es “muy escasa” (10 millones de euros) y se debe incrementar, sobre todo cuando es la única medida destinada a los viticultores, puesto que las otras dos planteadas van destinadas a las bodegas. 

Sector tractor

El sector vitivinícola está “muy arraigado” en Castilla y León, con “mucha” base cultural y como auténtico sector "tractor" de empresas en el mundo rural, que no se deslocaliza, recuerda el Grupo Popular, que apunta a los 15.500 viticultores y 650 bodegas que facturan cerca de 1.000 millones de euros al año, junto a las 19.000 personas empleadas en este sector.

Los ‘populares’ ponen el ejemplo de Francia, que ha aprovechado este escenario de limitación del mercado debido al covid, para aprobar un paquete de medidas con un montante de 140 millones de euros, lo que “contrasta claramente” con las medidas españolas que se sitúan en torno a 80 millones de euros.

En su propuesta de resolución, además de requerir del Gobierno de España que sean atendidas las observaciones formuladas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural al proyecto de Real Decreto, pide agilizar los trámite, una vez aprobado, para la puesta en marcha de las medidas.