El Pleno entra en el juego político de las apariencias

D. A.
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El PSOE intenta que Cs parezca que no quiere viviendas sociales por pedir la extinción de la empresa municipal Evisego, mientras Cs y el PP buscan con sus críticas que el bipartito PSOE-IU aparente inestabilidad

El Pleno entra en el juego político de las apariencias

El pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Segovia volvió a retratar la persistencia de la división de la Corporación municipal en dos bloques muy definidos. Con matices, pero con el Partido Popular y Ciudadanos en el lado de una oposición que, más allá de manifestar sus respectivos posicionamientos políticos y ejercer su labor fiscalizadora y de desgaste, no podrá sumar mayorías para ser determinante en ningún escenario mientras Podemos-Equo se mantenga en tierra de nadie pero por la izquierda, fuera del Gobierno local, pero con un acuerdo programático vigente; y con PSOE e IU pertrechados para gobernar con un apoyo puntual de la formación morada que, en lo poco que va de mandato, apenas cuatro meses, no le ha faltado.

En estas circunstancias, en el plano político, los debates no pudieron pasar de meros intercambios de declaraciones con más estrategia de partido que sustancia real. Y dentro de esa estrategia, con varias intervenciones de unos y otros en los que se dejaba a un lado la realidad para tirar del viejo recurso de reinterpretar o ‘malentender’ lo que el adversario político plantea, tratando así de tergiversar la imagen que pudiera proyectar de cara a la opinión pública. Lo hizo el PSOE cuando insinuó que Cs se ponía en contra de la gestión de viviendas sociales por haber calificado una vez más de «chiringuito» la empresa municipal de suelo, Evisego, ya que la formación naranja considera que la actividad de ese organismo, «por funcionalidad» y por tanto también por ahorro, la debería asumir directamente el Ayuntamiento con personal de las áreas de Urbanismo o Servicios Sociales.

Cayó Cs en algo parecido cuando buscó retratar incoherencia en el bipartito PSOE-IU retando a todos los grupos, menos al socialista, a apoyar una moción en la que se exigía que estos presentaran ya los resultados de la auditoría operativa de urbanismo que está pendiente desde hace más de tres años, si bien tal presentación ya era obligatoria sin moción porque así lo establece de antemano el plan de control económico financiero del Ayuntamiento. No obstante, con esta iniciativa exponía Cs a IU a alinearse con el PSOE en contra de la moción, con lo cual se le habría tachado de plegarse a los socialistas después de haber votado en 2016 a favor de que se realizara esta auditoría, situación que no se produjo porque todos terminaron votando a favor de que se presenten los resultados en diciembre.

Y cayó también el PP en el juego de las reinterpretaciones cuando, a pesar de que la moción naranja se aprobó por unanimidad, habló en el siguiente punto de «falta de unidad en el Gobierno municipal, con IU votando diferente al Gobierno socialista», extremo que en realidad no se produjo en ninguno de los puntos que generaron verdadero debate durante la sesión.

De hecho, todos los asuntos de calado que se abordaron salieron adelante por unanimidad o con mayorías holgadas, empezando por la propuesta de aprobación del compromiso de gasto necesario para poner en marcha la tercera fase del ARU (Área de Regeneración Urbana) San José Obrero-El Palo-Mirasierra. Es el que contempla conceder ayudas para rehabilitar un centenar de viviendas, aparte de reformar diversas vías en la zona más deteriorada de este barrio, con una inversión global de 2.181.000 euros, incluidos 346.668 que deben aportar los propietarios particulares. La Junta aportará en concreto 912.500 euros; el Ministerio de Fomento, 187.049; y el Ayuntamiento, 734.810 que, tal y como se aprobó en este pleno, se repartirán en tres partidas con cargo a los presupuestos de 2020, 2021 y 2022, dado que el plazo de ejecución de este plan se ha establecido en tres años.Apenas hubo debate y se aprobó por unanimidad.

Tampoco hubo oposición (sólo la abstención del PP y el visto bueno del resto) en el otro asunto de mayor relevancia que llevaba el orden del día, relativo a la reanudación del proceso de venta forzosa del inmueble situado en el número 5 de la Plaza Mayor. Se trata del antiguo Hotel Victoria, que cerró hace ya 30 años y lleva desde entonces siendo un problema urbanístico serio adosado al Consistorio en todos los sentidos, dada su ubicación. El proceso de venta forzosa se aprobó en octubre de 2017, pero la propiedad lo demoró tras pedir tiempo para presentar un proyecto básico de rehabilitación y buscar por su cuenta una solución. Según la concejala de Urbanismo, Clara Martín, todavía pidió unas semanas más este verano porque decía que tenía un posible comprador, pero éste no apareció en la reunión fijada para finales de agosto y, dadas las circunstancias, con este trámite se procede a la reanudación de la venta forzosa. Su precio se ha fijado en 1,2 millones y el proceso administrativo de venta se puede prolongar un año y cuatro meses. Podría ser menos si se encuentra un comprador antes, pero también más si, tal y como se teme, la propiedad judicializa el proceso.

 

Moción por San Millán. Podemos-Equo sacó adelante la moción que presentó para el «desarrollo de un paquete de actuaciones urgentes en el barrio de San Millán». A la reforma de la plaza de la Morería ya se comprometió el PSOE con su acuerdo programático con la formación morada y, aparte, ahora se suman medidas como aumentar la visibilidad de los pasos de peatones, supervisar y mejorar la limpieza y la señalización turística, así como potenciar la coordinación entre instituciones en materia de seguridad ciudadana.Se aprobó con la abstención del PP y el visto bueno del resto.


Otras mociones. También salió adelante una moción de IU para instar a la Junta a «mejorar» los comedores escolares recuperando la gestión de los que se han privatizado y apostando por las cocinas 'in situ', entre otras medidas que, en la práctica, no tendrán más recorrido que el de la mera declaración de intenciones. El PP, por contra, no vio prosperar su moción para pedir que el Ayuntamiento se reúna con representantes de los ministerios tras el 10-N. PSOE, IU y Podemos declinaron apoyarla, básicamente, por considerarla una obviedad que, en caso de aprobarse, estaría dando a entender que el equipo de Gobierno no cumple con una función tan básica como mantener encuentros con otras instituciones.