La empresa que se haga con la próxima contrata del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de Segovia deberá atenerse a mayores controles de calidad que la actual. Jugará a su favor (y al de todos) la evolución de la tecnología, que permitirá disponer de maquinaria de limpieza más eficiente y una plataforma informática más completa para la gestión del servicio y su supervisión por parte del Ayuntamiento, pero el nivel de exigencia subirá, en cualquier caso.

La contrata vigente es de FCC, que lleva más de 12 años con el servicio, prorrogado desde marzo de 2018 a la espera de la siguiente adjudicación, que ya será por diez años. El concurso está en su fase inicial, arrancó el 22 de diciembre y las empresas interesadas aún tienen hasta el 4 de febrero para presentar sus ofertas. Quedan por tanto muchos trámites por delante, hasta bien avanzado el segundo semestre como poco, para conocer los detalles del proyecto ganador, pero se ajustará a las condiciones fijadas en el pliego que ha elaborado previamente la Concejalía de Medio Ambiente. Sus líneas generales ya fueron presentadas en octubre de 2017: mantenimiento de todos los puestos de trabajo, renovación completa de la flota de vehículos y demás maquinaria, implementación del servicio de identificación de excrementos de perro por ADN para multar a los dueños ‘despistados’, una subida de costes de 5,3 a 7,4 millones anuales… Tal y como avanzó El Día en su edición del 17 y 18 de noviembre de 2017, se prevé reducir el impacto visual de 17 zonas de contenedores, la mayoría ubicadas en el casco histórico, donde se estudiará poner en marcha otro sistema de recogida (puerta a puerta, con contenedores de quita y pon, poniendo de los pequeños dentro de los portales u otras alternativas que se planteen en el concurso); y también mejorar el acceso a otras 25 zonas de contenedores repartidas por la ciudad. Pero el pliego de condiciones técnicas supera las 800 páginas contando los anexos y, tras su publicación con el lanzamiento del concurso, ya pueden anticiparse nuevos detalles del futuro servicio.

Sobre los contenedores, se renovarán todos y el Ayuntamiento exigirá por contrato a la futura adjudicataria que retire aquellos que en el futuro sufran «deficiencias estéticas o funcionales» en un plazo máximo de 24 horas a contar desde que se detecte el problema, o que los clausure y disponga una alternativa si por alguna circunstancia no puede hacerlo (los soterrados, por ejemplo, pueden dar más complicaciones de recambio). Es el mismo plazo que se le dará para limpiar o sustituir los que registren «pintadas, cartelería, pegatinas o desprendimiento de olores». 

Mayor control y exigencia a la próxima contrata de basuras - Foto: Diego de MiguelTodos los contenedores deberán ser accesibles para discapacitados y el Ayuntamiento insta a las empresas aspirantes a prever «en lo posible» la colocación de un «sistema atenuante de ruido» en los de recogida de vidrio, así como uno de «anti-hurto» en los de papel y cartón.

El Ayuntamiento también cuenta con «tener informatizado el 100% de los contenedores ubicados en la vía pública y el total de las incidencias producidas», según se recoge en el pliego. Para ello deberán incorporar «un transponder o sistema similar identificativo» que permitirá conocer el emplazamiento exacto de cada uno y sus historiales de lavados, trabajos de mantenimiento, averías, reparaciones, fechas de alta y baja, motivo de la sustitución u otras incidencias que haya sufrido. Una información que «será suministrada a través de un terminal informático que la contrata pondrá a disposición del servicio municipal de residuos», para un mayor control o supervisión por parte de la Administración municipal.

Además, «cada vez que se genere una incidencia, el sistema deberá clasificarla según el tipo de procedimiento a seguir» y la empresa «informará al peticionario de su resolución», ya sea personal municipal, trabajadores de la contrata o ciudadanos que comuniquen el problema por teléfono, correo electrónico, fax o página web. «Se debe realizar una adaptación para que estas incidencias puedan llegar al sistema del propio Ayuntamiento», según se añade en el pliego, para ganar control municipal también en este aspecto.

Precisamente para «garantizar la correcta prestación de los servicios en términos de calidad y eficacia, el Ayuntamiento procederá a la implantación de un mecanismo de control y seguimiento de la ejecución de los trabajos desempeñados por la contrata, ajeno a los procedimientos de control que el adjudicatario deberá establecer por su parte». Este segundo sistema de verificación se podrá realizar «con técnicos de inspección del propio Ayuntamiento o a través de una contratación externa». Y para evaluar la percepción ciudadana del funcionamiento del servicio se establecerán «dos parámetros de control», uno directo, con opiniones recabadas por encuestas; y otro indirecto, a partir del análisis de la «evolución de las quejas, sugerencias y reclamaciones» que puedan registrarse.

En cuanto a las papeleras, «igual que en el caso de los contenedores», si están «dañadas o deterioradas» no será «admisible» su presencia en la vía pública por un espacio de tiempo superior a 24 horas a contar «desde su detección», y lo mismo si tienen «pintadas, pegatinas, cartelerías o, incluso, desprendimiento de olores». Llama la atención la precisión con que en el pliego se indica que la empresa puede ser penalizada si hay papeleras rebosando, un riesgo evidente y sobradamente probado en el casco histórico en días de mucho turismo: «Deberá asegurarse que todas las papeleras habrán de ser vaciadas cuando se encuentren a un máximo del 80% de llenado, considerándose ‘incidencia’ el hecho de que una papelera no haya sido vaciada por el operario de barrido manual en la realización de su ruta». A cada ‘incidencia’ en el servicio se le otorga una puntuación según su gravedad y la suma de estas es la que puede acabar derivando en penalizaciones a partir de fórmulas de cálculo prefijadas.

Por otro lado, en el pliego se dedica un artículo a la ‘retirada de pintadas en edificios e instalaciones públicas y privadas, fuentes, monumentos, estatuas y otros elementos del mobiliario urbano’. Concretamente, «se realizará en todas las fachadas exteriores, muros, paredes y pavimentos que por su estado supongan un menoscabo en las condiciones de ornato público», unos trabajos que los llevará a cabo la empresa «de oficio» o a requerimiento del Ayuntamiento en un plazo «máximo de 24 horas».

Sobre la retirada de «manchas de aceite, grasa, carburante u otro líquido que aparezcan en el pavimento de aceras y calzadas como consecuencia de derrames involuntarios, accidentes de tráfico, ocio juvenil no regulado, etc.», entendiendo ese ocio como el botellón o la suciedad en zonas de bares, principalmente, «corresponde al adjudicatario la obligación de realizar este servicio». Procederá a su ejecución de forma «sistemática y programada, o bien, cuando las circunstancias así lo requieran, a su limpieza (…) en un plazo máximo de dos horas desde su conocimiento».

Las manchas de chicles también tienen un apartado específico en el pliego. «Deberán retirarse (…) especialmente en las zonas de mayor tránsito peatonal, áreas estanciales, zonas de juego y recreo infantil y juvenil, poniendo especial atención al tipo de pavimento». «El licitador podrá proponer el sistema que considere más adecuado (…) de manera que se garantice la eliminación del residuo», algo que ya se intenta actualmente, pero se espera más eficiencia en el futuro por nueva maquinaria que ha salido al mercado en los últimos años y que ahora podrá incorporarse aprovechando que se renovarán todos los equipos con el cambio de contrata.

BOTELLÓN. La empresa que aspire a hacerse con la nueva contrata también deberá presentar una propuesta de servicio especial de limpieza de «las zonas de ocio y diversión juvenil no reguladas’, ya sean «parques, jardines, plazas u otros espacios públicos». La mayor o menor permisividad del botellón es un debate eterno, en Segovia y en prácticamente cualquier ciudad, que corresponde a otras áreas de la Administración, y en lo que compete a la de limpieza, el pliego incluye en los anexos «una relación de las zonas utilizadas por los jóvenes que deberá ser actualizada anualmente por el adjudicatario». Ahí figuran tanto zonas de bares, por la suciedad que se genera en su entorno, como de botellón, y entre unas y otras suman 24, contando además que se considera como una sola la que conforman las calles Infanta Isabel, Cabritería, Herrería, Valdeláguila, plazas del Potro y de la Rubia… Destacan el cementerio (capilla y lado izquierdo), las escaleras de la calle Gascos, Ochoa Ondategui, la plaza del Salvador, los jardinillos de San Roque o el parque de los hermanos Kleinn, entre otras.

«La limpieza comenzará inmediatamente después del horario de finalización de las actividades de ocio juvenil», y los licitadores «presentarán una propuesta para este servicio con detalle de los medios humanos y equipos, materiales y maquinaria a utilizar».

Por cierto, que respecto a la dotación de «medios humanos», el Ayuntamiento obligará por contrato a la próxima adjudicataria a que, cuando se produzcan nevadas de «gran intensidad», organice los turnos de tal forma que, «a lo largo de toda la jornada, al menos el 75% de los trabajadores estén realizando trabajo efectivo». Es decir, que «no se admitirán descansos conjuntos coincidentes y/o a la misma hora de más del 25% de la plantilla», garantizando así una cobertura mayor que la que hubo en el inicio del extraordinario temporal de nieve y hielo que se desató la noche de Reyes de 2018, con buena parte del personal de descanso. 

ADN CANINO. Llamará la atención especialmente la puesta en marcha del servicio de identificación de excrementos de perro por ADN para poder multar a los dueños que los dejen en la vía pública. La iniciativa ya la incluyó el PSOE en su programa electoral de 2015, pero se topó con dudas y dificultades legales y administrativas y decidió posponer su implantación para encargársela a la empresa que asuma la siguiente contrata. Para ello, en el pliego de condiciones técnicas se establece que la adjudicataria «estará obligada a realizar, durante el primer año de contrato, una caracterización del ADN (extracción de sangre y genotipado) del censo canino municipal», donde hay registrados unos 2.600 perros; y «a partir del segundo año y hasta la finalización del contrato (...) deberá proceder a la recogida e identificación genética de excrementos caninos detectados en la vía pública hasta un máximo de 500 identificaciones al año». 

De las indicaciones que contempla el pliego respecto al ADN canino se entiende, por tanto, que los dueños de todos los perros censados en Segovia (unos 2.600) tendrán que llevar a sus mascotas a que se les realice el preceptivo análisis de sangre para el genotipado (caracterización genética) a partir de finales de 2019 o ya a lo largo de 2020, aproximadamente, que es cuando se espera tener resuelto el concurso, y las multas se deduce de ahí también que en ningún caso empezarían a ponerse antes de finales de 2020 o ya en 2021. 

Esas fechas no son más que una referencia, ya que sólo podrán concretarse cuando la próxima adjudicataria, ya sea FCC u otra empresa, firme su contrato para que empiecen a correr los plazos. Y antes, evidentemente, toca resolver el concurso, aunque el pliego ya permita anticipar el aumento de los controles de calidad y del nivel de exigencia al futuro servicio de limpieza.