A falta aún de casi un mes y medio para que concluya el año, Segovia ya ha igualado su registro más alto de accidentes laborales mortales desde 2007. Cuatro se han contabilizado –los mismos que aquel año– desde que el responsable de material del equipo de fútbol sala Movistar Inter, Cecilio Rodríguez, falleciera el pasado mes de marzo en pleno partido en el pabellón Pedro Delgado por culpa de un infarto. El último hasta el momento, mientras, es el que se produjo el pasado 13 de octubre en una nave de Maderuelo: un hombre que realizaba trabajos de reparación en un tejado falleció, en el Hospital General de Segovia dos días después de ingresar, al caer desde una altura de unos cuatro metros, según indicaron a posteriori los servicios de emergencias.
Tras un incidente de este tipo se abre una investigación para determinar las causas, que puede concluir con la asunción de responsabilidades si ha existido un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la empresa o del trabajador. A ambas partes les corresponde la tarea de poner los medios, en un caso, y utilizarlos, en el otro, para que la actividad productiva que sea se pueda llevar a cabo con todas las garantías para la salud.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene asignada la vigilancia y el control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, cuyo incumplimiento por parte de los actores implicados puede conllevar sanciones de carácter económico y también coercitivo, ya que incluso puede ordenar la paralización del trabajo. «Por desgracia, para las empresas es más barato a veces pagar la multa que poner remedio a la conducta por la que ha sido sancionado en este ámbito», explican el secretario provincial de UGT Segovia, Manuel Sanz Prieto, y la técnico de Seguridad y Salud Laboral de ese mismo sindicato, Elena Barrera. Ambos piden una revisión de la ley «porque hay apartados que se han quedado desafasados y no se adaptan, en absoluto, a la realidad del mercado de trabajo actual, ya que los procesos productivos cambian».
En Segovia, la media de infracciones de la normativa de prevención de riesgos laborales se sitúa en tres al mes, aunque ha descendido los últimos años. En 2015 alcanzó las 76 –seis al mes, el doble que en la actualidad– y un año antes sobrepasó también las 70, con el agravante de que dos de las 71 que se detectaron fueron calificadas como muy graves. Estas últimas, en su grado máximo, pueden llegar a suponer sanciones por encima de los 187.000 euros, pero UGT no tiene constancia de que ninguna empresa segoviana haya recibido ese castigo o uno similar. A pesar de que la mayoría de las infracciones que son ‘cazadas’ por la Administración se incluyen en el apartado de ‘graves’ –en su grado máximo implican una multa de 6.250 euros– «aquí en Segovia no hemos tenido sanciones de gran repercusión», según apuntan los propios responsables del sindicato.
Las empresas suelen reaccionar e intensificar su atención en torno a la prevención de riesgos laborales cuando reciben una inspección o se convierten en protagonistas de algún hecho grave. Por su parte, la Junta de Castilla y León y los representantes del Diálogo Social (patronal, sindicatos...) alcanzaron varios acuerdos el 27 de enero de 2016, entre ellos, la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, que fijó como dos de sus objetivos prioritarios la siniestralidad laboral cero y conseguir en este ámbito la máxima coordinación en las diferentes actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y formación y sensibilización.
«Los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales van en función del volumen de las empresas. En las empresas grandes se pone mucha atención a estos aspectos y no suele haber grandes problemas cuando se producen inspecciones. Es en las que tienen menos de 50 trabajadores en las que se complica el asunto», subraya la técnico de Seguridad y Salud Laboral de UGT Segovia, que pone el acento en la responsabilidad de los servicios especializados de prevención: «Tienen mucha culpa porque no asesoran correctamente a las empresas».
Los trabajadores están indefensos porque en bastantes de estas compañías, debido a su reducido tamaño, no cuentan con representación sindical y la lucha por garantizar algunos de sus derechos se torna más compleja. Por sectores productivos, el de servicios fue el que tuvo una siniestralidad laboral más alta (944 accidentes) a lo largo del año pasado en nuestra provincia, seguido por Industria (481), Agrario (334) y Construcción (190). El paisaje se ha mantenido casi inalterable en los nueve primeros meses de 2018 (la Junta sólo ofrece datos hasta septiembre), con la diferencia de que el número de accidentes mortales ha sido el doble (de dos se ha pasado a cuatro). Y aún quedan más de medio centenar de días antes de cerrar el presente ejercicio.
Las muertes de una mujer de 50 años en una fábrica de palés en Sanchonuño y de un hombre de 60 en una casa en construcción en Fuentepelayo han sido las víctimas dos y tres –según los datos de UGT– de un 2018 negro. «Desde que sufrimos la crisis, los siniestros laborales han aumentado porque las empresas recortaron sus gastos y uno de los sitios en los que lo hicieron fue en la prevención», asevera el secretario provincial de UGT, que opina que tres infracciones al mes de media en esta materia «son muchas para una provincia como Segovia». El sector servicios es el que tiene una siniestralidad laboral más alta pero también el que engloba un mayor número de actividades económicas. Dentro de ellas, el comercio mayor (excepto vehículos) concentra más accidentes laborales que ninguna otra.