La Comisión de Transparencia de Castilla y León, órgano colegiado adscrito al Procurador del Común, se declaró ayer competente para resolver las reclamaciones que los cargos electos de las entidades locales de la Comunidad presenten frente a aquellas actuaciones que les impidan tener acceso a antecedentes, datos o cualquier información de la que disponga la entidad local que haya sido solicitada para el ejercicio de la función de representación política. 

Así lo confirmó la propia Comisión de Transparencia en una resolución hecha pública mediante la que se ha modificado el criterio que mantenía hasta ahora con la «lógica pretensión» de garantizar a los cargos representativos locales el acceso a la información en los mismos términos que a cualquier ciudadano, para lo que se basa en la aplicación supletoria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Según indicó este órgano en un comunicado recogido por Europa Press, sobre la base de ese cambio de criterio, mediante una resolución se instó a un Ayuntamiento de la Comunidad a que proporcione a un concejal la información que había solicitado y a la que no había podido acceder. 

De este modo, las resoluciones de la Comisión de Transparencia serán vinculantes para las Administraciones públicas a las que se dirigen y, por tanto, de obligado cumplimiento, sin perjuicio de que puedan recurrirlas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Facilitar el acceso

Asimismo, la Comisión pretende facilitar el acceso a la información de los miembros de las entidades locales en cuanto presupuesto esencial del derecho constitucional de participación en los asuntos públicos por medio de los representantes políticos. 

Además, este cambio de criterio del órgano colegiado manifiesta la voluntad del Comisionado de Transparencia de Castilla y León de contribuir en «mayor medida» a garantizar la «efectividad» del derecho a la información de los representantes en las entidades locales, mediante la aplicación de la legislación de transparencia existente en España desde el año 2013 y en Castilla y León desde 2015.