La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha reclamado al Gobierno que convoque el grupo de trabajo en el que se estudian los requisitos y criterios para la regulación nacional de la asistencia personal.
García se ha expresado así en el marco de la entrega del Premio Cermi.es 2018 a la Consejería, la Federación de Salud Mental Castilla y León y Predif CyL por el programa de promoción de la asistencia personal para personas con discapacidad.
Precisamente en este marco, la consejera ha recordado que la Junta de Castilla y León forma parte del grupo de trabajo estatal para proponer al Consejero Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención para la Dependencia los requisitos mínimos y criterios comunes para hacer una regulación nacional que garantice la calidad en la prestación del servicio.
Sin embargo, ha criticado que desde el cambio de gobierno no se haya convocado a este grupo y haya una "parálisis" en la búsqueda del "objetivo final" de regular esta prestación, algo en lo que ha afirmado que quieren avanzar porque ha dado "buenos resultados" en Castilla y León. "No renunciamos", ha dicho la consejera en declaraciones recogidas por Europa Press, quien ha asegurado que quieren dar pasos para avanzar en esta regulación para cerrar "el círculo virtuoso" que se desarrolla en la Comunidad.
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado el trabajo conjunto que se desarrolla en la Comunidad en torno al asistente personal, cuyos esfuerzos han permitido avanzar esta legislatura "de forma muy significativa", ya que esta prestación ha crecido en 2018 en un 43 por ciento, al pasar de 596 prestaciones de asistencia personal reconocidas en enero a 850 a finales de año.
Además, desde el inicio de la legislatura se ha multiplicado por cieno el número de prestaciones de asistencia personal y desde las 156 de enero 2015 se ha pasado a las 850 actuales y, de este total de beneficiarios, una tercera parte (258) son personas con discapacidad por enfermedad mental.
Así, Castilla y León es la segunda comunidad con mayor número de prestaciones de asistencia personal reconocidas después del País Vasco y de las pocas en España que la tienen implantada. García también ha recordado que también se ha hecho esfuerzo importante desde el punto de vista económico y se ha destinado a su financiación 4,2 millones de euros, un 75 por ciento más que el año anterior, y en los últimos tres años un total de ocho millones.