Castilla y León cuenta con un desfibrilador para cada 3.051 habitantes, de acuerdo con un estudio citado por la empresa de biométrica, seguridad y cardioprotección B+Safe que concluye que se trata del máximo histórico de la Comunidad, si bien la cifra se encuentra muy lejos de la registrada en Madrid, donde existe uno por cada 770 ciudadanos.
En el ranking de autonomías tras la Comunidad de Madrid aparece Extremadura (1 cada 1.102), País Vasco (1 cada 1.259), Navarra (1 cada 1.343), Cantabria (1 cada 1.937), Galicia (1 cada 2.066), Baleares (1 cada 2.301), Murcia (1 cada 2.414), Aragón (1 cada 2.669), Valencia (1 cada 2.842), Castilla y León (1 cada 3.050), Cataluña (1 cada 3.180), Castilla-La Mancha (1 cada 3.752), Melilla (1 cada 3.818), Canarias (1 cada 4.200), Andalucía (1 cada 4.400), Asturias (1 cada 4.878), Ceuta (1 cada 5.250) y La Rioja (1 cada 10.400).
Según Nuño Azcona, CEO de B+Safe, “la mayor sensibilización en la sociedad y el desarrollo de normativas específicas en las diferentes comunidades están cambiando el mapa de la cardioprotección en España”. Así en Cataluña y Andalucía, el desfibrilador debe estar obligatoriamente presente en espacios con capacidad superior a 5.000 personas. En el País Vasco la ley señala que los establecimientos con aforo superior a 700 personas deben disponer de desfibrilador. En Canarias esta obligación se extiende a teatros municipales, auditorios y salas de congresos con aforo superior a 1.000 personas.
En Asturias, los establecimientos, locales e instalaciones en las que se desarrollen espectáculos públicos y actividades recreativas, con aforo autorizado superior a 750 personas, deben estar cardioprotegidos con desfibriladores. En Madrid, afecta a los establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 2.000 personas. Por su parte, en la Comunidad Valenciana es obligatorio que los espacios públicos con un aforo igual o superior a 1.000 personas deben estar equipado con uno de estos equipos.