La política ya está marcando el nuevo curso judicial con los casos de Cerdán, Montoro o Begoña Gómez, pero los tribunales se enfrentarán a unos próximos meses claves por otros motivos. En Segovia será el momento de comprobar si  funcionan las medidas ya adoptadas para aliviar el atasco que sufre la Justicia, y entrará en vigor a finales de año en la capital el nuevo modelo de organización en tribunales de instancia, ya en marcha en los juzgados de Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda.

Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que resumen el primer trimestre de este año, los órganos judiciales de Segovia tienen 11.815 procedimientos pendientes de resolver. Los asuntos civiles, como una reclamación de cantidad o un divorcio, acaparan el 63% de la carga de trabajo. Mientras, tres de cada diez casos que agurdan una resolución en los juzgados segovianos son penales, mientras que solo un cuatro por ciento y un 0,7% pertenecen, respectivamente, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y a los juzgados de lo Social.

«El número de asuntos civiles se ha incrementado bastante. Se han incrementado bastante las reclamaciones contra los bancos, también los asuntos de lo Social... Han metido lo de la mediación necesaria, pero es un trámite más», señala el presidente de la Junta de Personal de los órganos judiciales en Segovia, Pablo Martín.

El aumento de asuntos civiles agrava el atasco en los juzgados

El pasado 3 de abril entró en vigor la nueva Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia, que obliga a las partes a intentar alcanzar un acuerdo antes de presentar una demanda civil o mercantil, pero el CGPJ aún no ha publicado datos que permitan comprobar si la medida ha servido para reducir la litigiosidad o no. Desde luego, los beneficios de la creación un año antes de un servicio de ejecución compartido por todos los juzgados de Segovia no se ha reflejado en una mejora de las estadísticas. Los órganos judiciales segovianos despidieron 2023 con 10.188 asuntos pendientes de resolver y cerraron 2024 –el primer año de funcionamiento del servicio de ejecución común– con 10.931.

El nuevo modelo de organización en tribunales de instancia que se pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2026 quiere acentuar todavía más ese método de funcionamiento. Cada juzgado ya no tramitará de forma independiente los asuntos que reciba, sino que todos compartirán una oficina común que se encargará del registro, la tramitación y la ejecución.

«Estamos expectantes con la novedad de los tribunales de instancia, con el acoplamiento a la nueva relación de puestos de trabajo, con los nuevos protocolos, con cómo se va a distribuir el trabajo...», apunta el presidente de la Junta de Personal, que desconfía de la medida: «El servicio de ejecución y el servicio común general –el Decanato y el servicio de notificaciones– se van a quedar parecidos a cómo están ahora, pero va a haber un cambio muy grande en el servicio común de tramitación que requiere de un proceso de adaptación y el problema es que se va a unir a cuatro procesos de incorporación de funcionarios que se van a producir ahora en septiembre y octubre. Y nos tememos que como a los funcionarios nos van a poder ir moviendo de servicios no van a cubrir las bajas cortas. De hecho, en los juzgados de lo Penal no se han cubierto dos vacantes que se han producido después del concurso de traslados».

 La nueva organización en tribunales comenzó a aplicarse el pasado 1 de julio en los juzgados de Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda, donde sin embargo no es posible evaluar sus efectos por tratarse de órganos judiciales unipersonales. Sí que les ha afectado los cambios que ha llevado a cabo el Ministerio de Justicia en la celebración de matrimonios, una competencia que ya no pueden llevar a cabo –tampoco las inscripciones de nacimientos y defunciones– los juzgados de paz, transformados en oficinas de justicia municipales con el objetivo de «acercar la Justicia a toda la ciudadanía», según remarcó a principios de verano el propio Ministerio de Justicia.

Todas estas reformas coinciden en el tiempo con otras que han soliviantado a los jueces y fiscales. El 1,2 y 3 de julio esos colectivos protagonizaron una huelga en toda España por el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una amenaza para la independencia de la Justicia, según algunas asociaciones de jueces.

Habrá que ver si el curso vuelve a ser caliente. Sí que estará seguro lleno de novedades. Otra de ellas es que a partir de este otoño los juzgados de violencia de género serán los responsables también de todos los delitos contra la libertad sexual en los que la víctima sea una mujer. Un cambio que llega cuando aún no se sabe si todos los tribunales de instancia tendrán una sección de violencia de género.